JUJUY

Amplio repudio de organismos

Sin orden judicial y hasta las huellas de menores, el operativo de desalojo a la comunidad de Tilquiza

Reclamaban de forma pacífica la apertura del camino por el cual acceden a sus territorios cerrado por decisión de un empresario, sin expedirse la justicia, un centenar de policías se llevaron a comuneros, entre ellos, mujeres y niños/as

Sin orden judicial y hasta las huellas de menores, el operativo de desalojo a la comunidad de Tilquiza

 

Violando todas las leyes y tratados vigentes, ayer la comunidad aborigen de Tilquiza del pueblo Ocloya sufrió un violento desalojo mientras se manifestaban pacíficamente por el cierre del único camino por el cual acceden a sus tierras, operativo policial que no contó con ninguna orden judicial y hasta le tomaron las huellas dactilares a menores.

El conflicto de la comunidad con el empresario madedero Verzzini viene desde hace años: este interpuso un portón con candado que impide el acceso al único camino al territorio de la comunidad.

Frente a ello, días atrás comenzaron con una protesta pidiendo que se respete la ley de propiedad comunitaria indígena precisamente donde se encuentra el portón. Así, el lunes de esta semana, el cacique Néstor Jérez recibió una intimación del MPA para que se “retire de forma voluntaria del lugar” en un plazo de 48 horas que se vencía ayer al mediodía y que concluyó en el violento desalojo.

El resultado fue 9 personas detenidas, entre ellas, el cacique Jérez, pero también mujeres ancianas y madres con sus hijos e hijas, que a pesar de ser menores de edad, también se les tomó las huellas dactilares. Luego de “pintarles los dedos”, tanto madres como menores fueron derivados a la Secretaría de la Niñez.

Asimismo, se les abrió a todas las personas detenidas una causa por “entorpecimiento de libre circulación” y “turbación de la posesión” desconociendo la propiedad comunitaria.

Horas más tarde las personas detenidas debieron ser liberadas.

El desmedido operativo, que incluyó 9 móviles y alrededor de un centenar de efectivos derivó en fuerte repudio de organismos estatales, tal como la delegación del INADI en Jujuy y el INAI -Instituto Nacional de Asuntos Indígenas-.

Desde el INAI manifestaron una “enorme preocupación por la decisión adoptada por el MPA” de detener a comuneros y comuneras. En la misma dirección, recordaron que se había solicitado al MPA que se aplicar “el Protocolo para abordaje en conflictividades de tierra y las Comunidades Aborígenes, Resolución N° 2261/2021 y se solicitó oportunamente a la Vocalía VI de la Cámara Civil y Comercial de la Provincia de Jujuy a levantar la medida que impide a los miembros de la Comunidad a acceder a su territorio por el camino de uso tradicional. Dichas medidas fueron solicitadas a los fines de convocar al diálogo por encima del uso de la fuerza policial”, señaló el organismo.

Y detalló “en este marco, solicitamos e instamos al diálogo garantizando asimismo a la Comunidad el paso libre por el camino de uso tradicional para acceder a su territorio, el cual ha sido bloqueado por resolución judicial, dejando aislada a los miembros comunitarios”.

Sin cumplirse con ello, el INAI recordó que la comunidad de Tilquiza posee personería jurídica, además de subrayar que “el Relevamiento Territorial es una herramienta indispensable garantizar la paz social en los territorios, y para dar cuenta de una deuda histórica como lo es el reconocimiento de la posesión tradicional”.

Sobre el operativo en sí, el instituto sostuvo “el uso de la fuerza pública en el ámbito penal no contribuye a garantizar la paz social, por lo contrario, profundiza la conflictividad y la violencia”.



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