JUJUY

Ya había presentado uno sobre falsas denuncias de violencia de género

Otro polémico proyecto de la diputada Daniela Vélez, esta vez sobre fake news

El documento apunta a sancionar económicamente a personas y hasta suspender habilitaciones a medios y plataformas locales que publiquen noticias falsas o descontextualizada y que podrán agravarse en el marco electoral

Otro polémico proyecto de la diputada Daniela Vélez, esta vez sobre fake news

 

A partir de las 10, la Legislatura jujeña tenía previsto el inicio de la primera sesión ordinaria del año y, entre los proyectos que tomarán estado parlamentario, se encuentra uno de Daniela Vélez que apunta a las fake news.

El objetivo de la norma apunta a prevenir y detectar la desinformación en el ámbito digital, sin embargo, algunos puntos del proyecto rayan la censura.

“Se entenderá por fake news a toda información fabricada, alterada o descontextualizada, difundida por cualquier medio digital o de comunicación, que sea susceptible de causar perjuicio a personas, instituciones o a la comunidad en general” expone la letra de la presentación. Lo cierto, es que una información descontextualizada no es precisamente falsa.

Asimismo, el proyecto apunta a crear un Consejo Provincial de Verificación Informativa, el cual quedará bajo la órbita del Poder Ejecutivo, pudiendo ser una dependencia del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos o del área de comunicación.

El argumento de la letra indica que en los últimos años se ha producido en redes sociales “la circulación de contenidos falsos o engañosos que afectan la confianza pública, alteran el debate democrático y, en muchos casos, inciden en la paz social”, poniendo el foco en lo político, lo sanitario -ejemplificando lo ocurrido durante la pandemia del COVID-19- y los efectos en la sociedad.

Para ello, la normativa establece que el Ejecutivo deberá implementar campañas de información y concientización sobre la identificación y denuncia de fake news, como así también el Ministerio de Educación “incorporará en los planes de estudio contenidos sobre verificación de la información, uso responsable de redes sociales y pensamiento crítico”.

Hasta allí, la iniciativa es positiva. Sin embargo, el cumplimiento de la norma deja más interrogantes sobre su aplicación: en el artículo 5, se establece que la autoridad de aplicación podrá “implementar programas de monitoreo y detección de fake news”, la pregunta que queda flotando si ello no implica una tarea de inteligencia constante sobre la población, sin ninguna orden judicial, lo que implica espionaje.

No obstante, de convertirse en ley, esto también podrá afectar la labor periodística: las sanciones previstas podrán ser económicas y hasta la suspensión de habilitaciones de medios, siendo los agravantes si estas noticias falsas o descontextualizadas se producen en el marco de una emergencia sanitaria, catástrofe o procesos electorales, estos últimos, atravesados de constantes rumores sobre la conformación de listas, candidaturas y pases de un sector político a otro de dirigentes.

No es la primera vez que Vélez apunta a la falsedad de publicaciones, con anterioridad presentó otro proyecto que apuntaba sobre las falsas denuncias de casos de violencia de género, que hasta ahora, no tuvo tratamiento, aunque generó un rechazo de organizaciones de mujeres, feministas por el retroceso que implicaba poner en duda los testimonios de las víctimas y más aun en un provincia en emergencia en violencia de género. 



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