JUJUY

Fue presentada por el oficialismo

Proteccionistas de todo el país pidieron vetar la ley que aprobó la Legislatura jujeña sobre animales de compañía

Indicando que la misma confunde conceptos jurídicos y técnicos; “disfraza” la matanza bajo la práctica de la eutanasia, entre otros puntos, motivos por lo que la misma debe ser anulada y crear una nueva normativa

Proteccionistas de todo el país pidieron vetar la ley que aprobó la Legislatura jujeña sobre animales de compañía

 

Días atrás, la Legislatura jujeña se convocó para discutir sobre nuevas normativas, entre ellas, la ley de “Régimen de cuidado responsable y protección de los animales de compañía”, la cual, organizaciones proteccionistas de todo el país rechazaron y pidieron que sea vetada.

Bajo el número 6293, el parlamento provincial convirtió en ley el proyecto de la diputada radical Victoria Luna Murillo, con el objeto de regular la protección integral de animales de compañía y la tenencia responsable de los mismos. Para ello, se declaró a los animales como “seres sintientes”.

Mientras que la autora destacó que la ley es integral, amplia y abarcativa, en contraposición, agrupaciones proteccionistas rechazaron de pleno la misma y pidieron a Gerardo Morales que la vete.

En una carta enviada al gobernador, abogados/as animalistas y proteccionistas apuntaron al articulado de la ley, al cual consideraron que es un retroceso a los derechos del animal, pero también sobre la incongruencia de la misma.

“Inexactitud en la técnica legislativa, confusión de conceptos jurídicos y técnicos, superposición de una proyectada regulación a nivel provincial con normas existentes a nivel nacional, utilización de terminología desactualizada e incongruente con la protección, como “dueño”, “propietario”, “mascota” que se contradicen con el pretendido reconocimiento de esta ley a los animales “de compañía” como seres sintientes”, fue el primer punto que destacaron.

Asimismo, consideraron que el concepto de “eutanasia” es una manera “disfrazada” para habilitar la matanza de los denominados “perros asilvestrados o cimarrones”, perros de “manejo especial” y en general, cualquier perro que “cause daño a personas u otros animales”. En todos los casos, se exime de responsabilidad a la persona.

En la misma dirección, cuestionaron la utilización de la palabra “rescate para habilitar la captura de canes que deambulan en la calle y su posterior “depósito” en lugares dispuestos por la autoridad estatal, que no es otra cosa que habilitar la creación de perreras”.

Por otra parte, también menciona sobre la consideración de “razas peligrosas” o “potencialmente peligrosas”: “nadie pudo demostrar la agresividad genética y que tampoco existe un rasgo de peligrosidad intrínseca racial demostrado, dejando de lado la responsabilidad de los cuidadores responsables de estos animales”.

Y agregaron “existe consenso científico que el determinismo genético es bajo (aproximadamente un 25%), porque la agresión esencialmente es un comportamiento adaptativo, debido a que las secuencias de la misma son inadecuadas y no patológicas”.

 

Una ley que desconoce el mercado cruel de animales

Otro de los puntos sobre los cuales hicieron hincapié en el documento es sobre la regulación en la cría y comercialización de animales domésticos.

“Hoy existe una tendencia a nivel nacional de esfuerzos y de iniciativas legislativas tendientes a lograr la prohibición de criaderos de perros y gatos, situación que contrasta profundamente con lo regulado en esta ley”, que además permite la “cosificación” de los animales, además de desconocer la superpoblación de perros y gatos, como así los malos tratos que existe en criaderos y petshops.

En la misma dirección, apuntaron a la regulación que establece sobre el de uso de animales y explotación en actividades como concursos, muestras y manifestaciones similares, concibiendo a los animales como objetos disponibles para satisfacer ciertos fines humanos, que contradice la ley 14.346 Art. 3 inc. 8.

El último punto, menciona sobre las multas y penas que se aplicarían a quienes ejercen maltrato: “existe en nuestro derecho positivo vigente normativa que regula las situaciones de lesiones o muerte que pudieran causar cuando los mismos se encuentran bajo una guarda irresponsable, tales como las disposiciones del CCyC y el Código penal, que asimismo, sirve para determinar como autoridades competentes al poder judicial provincial para intervenir en esas situaciones”.

Frente a estas incongruencias y lesiones al derecho animal, una gran cantidad de asociaciones se sumaron al pedido de vetar la ley, además de discutir aportes para una nueva legislación.

 



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