Hoy se realizará otra jornada de imputación a efectivos de la policía de la provincia que recibieron la orden de reprimir a los manifestantes el 17 de junio en Purmamarca de 2023 y donde al joven Liam Lamas le arrebataron un ojo, además que hubo varios heridos y detenciones. Los hechos de violencia institucional se dieron en el contexto de la Reforma de la Constitución y los bajos salarios docentes donde las comunidades, organizaciones sociales, gremiales resistieron las medidas del gobierno de Gerardo Morales.
Esa madrugada, hace más de dos años, se inició la represión en el corte de ruta en la intersección de RN 9 y RN 52 y en las primeras horas de la tarde del 17 de junio, las fuerzas de seguridad reprimieron a las comunidades, personas independientes, turistas rodeando el lugar más de un centenar de efectivos que estaban acompañados por funcionarios provinciales.
Los vídeos que circularon se puede observar la presencia del ministro de Seguridad Guillermo Corro, el ministro de gobierno Normando Álvarez García, la ministra de Ambiente María Inés Zigarán, la Defensora de Niños, Nilñas y Adolescentes Alejandra Martínez, diputados Humberto López y convencionales constituyentes como Julio Alarcón, el fiscal Walter Rondón, el jefe de la Policia Herbas Mejías, entre otros.
Las imputaciones se iniciaron ayer por el delito de “lesiones leves”, ante esa calificación, las abogadas querellantes Alejandra Cejas y Silvana Llanés que representan a Liam Lamas, el joven de 17 años en ese momento, víctima de los efectivos que le dispararon en la cara arrancándole un ojo. En esa jornada hubo detenidos, heridos que no fueron atendidos en los hospitales públicos.
En este sentido, Llanés destacó que en la causa van a mantener la denuncia inicial que es “tentativa de homicidio, asociación ilícita, abandono de persona, abuso de de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, acá fue deliberado el ataque a las comunidades, docentes, turistas.”
Ante ese hecho y otras represiones en ese mismo contexto en otras localidades, el gobierno intentó disciplinar las manifestaciones reprimiendo haciendo abuso de autoridad, se produjeron una serie de cortes de ruta en rechazo a la reforma que se trataba sin consenso ni participación de la ciudadanía.
Las abogadas presentarán una ampliación de imputación por delitos de tentativa de homicidio, daños graves, violencia institucional. En este sentido, la abogada Llanés resaltó “todo se encuadra en delitos de lesa humanidad”.
El año pasado presentaron un escrito para que se presenten a declarar Gerardo Morales, Herbas Mejías, Guillermo Corro, Alejandra Martinez todos los funcionarios nombrados por los policías. “Todos los hechos configuran delitos de lesa humanidad porque el Estado provincial usó recursos humanos, armas, instituciones por una cuestión política para atacar a la ciudadanía y además torturas, vejámenes en la cárcel” dijo Cejas.
Ante la sorpresiva imputación, las abogadas aducen que es por la llegada de una delegación de Amnistía Internacional Argentina la semana próxima y que se constituirán como amicus curiae, es por esa razón que la justicia se apresura.
Ante los testimonios tomados por la Fiscalía de Política Criminal realizados el 2 de julio pasado, a las abogadas querellantes les llamó la atención la declaración del Mayor Miguel López que relata que recibieron directivas exclusivas del ministro.
Para Llanés lo curioso es que en las declaraciones de la cúpula de la policía “extraña que nadie haya visto que a un chico le volaron el ojo, que había lesionados, se enteraron después. Dicen que ellos actuaron para repeler la agresión porque les tiraban ‘bombas molotov’ y que sabían que hubo detenidos” destacó la contradicción de efectivos, porque las pruebas y las víctimas expresan otra cosa.
Luego, otro relato de un efectivo dice que “había uno que observaba y armaba las causas y recibía directivas del Comité de Crisis y que Rondón impartía órdenes a quién imputar y a quien no. El estaba detrás de los policías que tenían escudos y tiraban piedras. Y veían la situación y el fiscal armaba causa”.
La abogada puntualizó esas declaraciones y comparó las imágenes que circularon: “vimos como la gente corre porque la policía salió a cazar, a perseguir, no a disuadir. No tienen protocolo, no lo conocen. El protocolo lo ponía el Comité, pero no pudieron explicar. Ellos recibían directivas del jefe de Policía, pero no supieron decir quien dio la orden de abrir fuego. El motivo era que les tiraban piedras y palos. En realidad nuestra denuncia inicial es contra Gerardo Morales, Herbas Mejías, Guillermo Corro y los que caigan en el transcurso de la investigación”, sintetizó la abogada tras escuchar algunos testimonios. Esta investigación se lleva adelante con el Código procesal penal viejo.
Por otra parte, Llanés señaló que varios integrantes de comunidades identificaron al Mayor López por la violencia con la que sacó a las personas que hacían la permanencia en el corte de Purmamarca el 14 de agosto. “Golpeó a mujeres, niños que estaban ahí, tiró las cosas”.
Respecto al proceso, las abogadas relatan que en febrero pasado se realizó la inspección ocular y recién el miércoles tuvieron acceso al expediente y recién pudieron ver los movimientos de la causa. La notificación fue el miércoles de la citación a efectivos para conocer causa de imputación por artículo 89 "lesiones leves".
“Acá nombraron a Morales, a Corro, a Herbas Mejias, entonces no queremos perejiles, queremos la cabeza de los responsables. Acá hay abuso de autoridad, violencia institucional hay delitos de lesa humanidad. Las fuerzas de seguridad contra una población civil y buscando el exterminio de las comunidades originarias. Acá le sacaron un ojo, otro joven con 32 impactos en el cuerpo y no recibió atención médica, se lo llevaron detenido. Negaron asistencia en el hospital Pablo Soria".
Por último, dijeron “necesitamos saber que pasó, son causas públicas y tenemos funcionarios públicos”, ante las causas que se tramitan en la justicia jujeña por las represiones en Abra Pampa, La Quiaca, Purmamarca, San Salvador de Jujuy, Perico y Humahuaca.