JUJUY

La mujer detenida fue acusada de usurpación en incendio

Trabajan la tierra y todavía tramitan la posesión, Morales los acusa de “usurpadores” y avanza con Cannava

Tras darse a conocer la detención de una mujer campesina de Finca El Pongo, la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación salió a aclarar la situación de las familias damnificadas

Trabajan la tierra y todavía tramitan la posesión, Morales los acusa de “usurpadores” y avanza con Cannava

 

Ya desde el pasado 30 de octubre, familias que se dedican a la agricultura en Finca El Pongo vienen siendo hostigados por funcionarios judiciales y policiales para avanzar sobre las tierras que ocupan y que pasarán a manos de la empresa Cannava, situación que se agravó con el lunes de esta semana con la detención de una mujer, por lo que un organismo nacional tuvo que salir a aclarar lo que ocurre con las familias campesinas.

El conflicto se inició el último sábado de octubre cuando un fiscal se hizo presente junto a un importante operativo policial para desalojar a pequeños productores de hortalizas y en menor escala tabaco.

Durante la presencia del funcionario judicial en el lugar, conocido como El Cadillal, también “arrasaron con las tierras” indicaba una de las personas damnificadas a JD, además que se les prohibió el paso. La limpieza del lugar se produjo tras la cosecha y demandó al menos de 20 trabajadores de Finca El Pongo, es decir, de la empresa Cannava.

Desde ese día, productores comenzaron a recibir notificaciones judiciales por “usurpación”.

Frente a ello, el lunes de esta semana, Marta Leaño se presentó junto a su abogado en el MPA de Perico para conocer la causa en su contra, lo que derivó en su detención y traslado al penal de Alto Comedero.

La grave situación fue observada por la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCel), que a través de la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias María José Castillo brindó detalles legales sobre la ocupación de las tierras.

El organismo nacional manifestó que de acuerdo a un informe trabaja con distintas familias de Finca El Pongo desde 1998 y “los Leaño son una de las familias más antiguas de El Pongo. Los padres de Marta llegaron a finca El Pongo en la década de 1960, y se instalaron en la zona de El Cadillal donde habitan y trabajan desde entonces”.

Además, expone “ellos han desmontado los terrenos que actualmente ocupan, modalidad de ingreso para la producción agrícola que establecía Zabala. Marta y sus hermanos han nacido en esas tierras. Actualmente la familia comprende las generaciones de los padres, hijos/as, nietos/as quienes mantienen las prácticas y modo de vida campesina. Es una familia dedicada principalmente al cultivo de hortalizas y en menor medida tabaco. También han desarrollado algunas experiencias con cultivos de trigo y centeno”.

Asimismo, la familia Leaño ha trabajado en conjunto con el INTA, el Ministerio de Producción de la provincia para desarrollar experiencias piloto de desarrollo productivo -que incluso han financiado-, por lo que poseen un reconocimiento de las instituciones desde hace décadas sobre la ocupación de dichas tierras.

Sobre este punto, la Secretaría detalla “la Señora Leaño, junto a otros productores han iniciado acción posesoria en el año 2016, la que se encuentra en curso”.

Y agrega “la Señora Marta Leaño nació y se crio en la finca El Pongo, perteneciente a una familia que lleva tres generaciones en el lugar, productora de hortalizas, de profesión ingeniera agrónoma y docente. Además, es referente de las familias campesinas e indígenas de Finca El Pongo, quien en ese rol participó activamente en la última audiencia pública realizada marzo del presente año, llevada adelante para someter a consulta un proyecto de desmonte en el lugar. Allí ella expreso su rechazo al proyecto de desmonte sometido a evaluación”.

Por ello, la dependencia nacional considera que “la imputación y detención por el delito de usurpación respecto de una tierra de la cual la señora Marta Celia Leaño es poseedora, con la disposición de una medida cautelar de desalojo, así como por el delito de incendio respecto de hechos que constituyen una práctica cultural productiva de quienes realizan las actividades descriptas supra y pertenecen al sector de la agricultura familiar, campesina e indígena, no se correspondería con una adecuada tutela judicial efectiva que respete la diversidad cultural de personas en condición de vulnerabilidad”.

Y concluyó “la privación de la libertad preventiva es una medida excepcional y extrema en función del bien jurídico afectado, la libertad, y de la prevalencia del principio de inocencia y legalidad y el derecho de defensa que aparece en este caso como una medida desproporcionada con los fines del proceso penal. De ningún modo se puede advertir que exista peligro de fuga ni entorpecimiento de las investigaciones que habiliten esta medida restrictiva de la libertad precautoria”.

Tal es así, que en horas de la noche del miércoles, Marta Leaño fue liberada.



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