Despojaron a la comunidad Cueva del Inca de su territorio, destruyendo la vivienda, golpeando a mujeres y hombres en la oscuridad de la madrugada del lunes. Sin orden judicial, avasallaron a la comunidad indígena.
El juez de Paz, Pedro Apaza estuvo al frente de un operativo de 50 efectivos de la Policía de la provincia y del Cuerpo de Infantería. Así también la división de bomberos destrozaron la casa. Se llevaron demoradas a 12 personas a la comisaría de Maimará, la mayoria mujeres. Las autoridades policiales no quisieron dar información.
En el lugar, estuvo acompañando la diputada provincial Natalia Morales, quien a través de sus redes expresó "en la Comisaría 3 de Maimará, cerca de Tilcara. Aquí están detenidxs miembros de Cueva del Inca y personas solidarias desalojadas por operativo violento de la policía de Sadir. Sin notificación, la jueza Lis Valdecantos y el fiscal Alancay actúan a favor de empresarios del turismo".
La orden civil emitida por la jueza Liz Valdecantos Bernal expresaba despojar a Javier Mamani en la finca La Cortadera, a 3 km de donde demolieron la vivienda de la comunera Miriam Alfaro y una casilla turística comunitaria, llevando pertenencias de la familia a un depósito judicial.
En menos de 4 horas alambraron el territorio de la Comunidad que colinda con el hotel Canto del Viento que intenta avanzar sobre la comunidad. Policías custodiaron el lugar y prohibieron que se acerquen comuneros y comuneras.
La presidenta de la comunidad junto a familiares que resistieron, fueron golpeadas, humilladas, estuvieron más de 5 horas demorados en la seccional policial de Maimará. Al regresar a su territorio encontraron restos de su casa.
Realizaron la denuncia a los que han violentado el territorio, además las abogadas Silvana Llanés y Alejandra Cejas presentarán un amparo ante el violento hecho de usurpación.
En horas de la tarde llegaron a la comunidad, personal de Gendarmería que tomaron testimonio tras los hechos por la ampliación de la denuncia en la justicia federal.
Una jornada repudiable, hubo expresiones de solidaridad de comunidades, gremios, organismos de ddhh, de HIJOS Jujuy con la comunidad de Cueva del Inca que ya fue reprimida el 22 de abril.
En tanto que en horas de la tarde, el gobierno provincial publicó en sus redes una versión alejada de la realidad, minimizando lo sucedido en Tilcara fue una “enfrentamiento entre privados” y que hubo policías heridos. La desinformación solo responde a la violencia institucional contra las comunidades.
Usurpación en el territorio comunitario
La abogada Llanés, informó que realizaron una ampliación de la denuncia en la justicia federal por los hechos nuevos. “La orden de desalojo es la misma del 22 de abril donde se ordena desalojar a Javier Mamaní y no a la comunidad indígena. El juez de Paz lo que hizo fue tirarle la casa a la presidenta de la comunidad y la casilla de turismo comunitaria”.
Ante esos hechos, Llanés dijo que “acá se extralimitaron porque no fueron contra Mamaní, sino fueron contra la presidenta de la comunidad, la golpearon, le destrozaron la casa”, así también señaló “se presentaron pruebas que acreditan que Cueva del Inca tiene personería jurídica y carpeta técnica que incluye el relevamiento territorial indígena en el marco de la ley 26.160” donde se delimita el territorio de la comunidad y demuestra que no es lo que indica la jueza Valdecantos Bernal en la orden.
“No estamos hablando de Finca La Cortadera como dice la orden civil, con el agravante que hay usurpación en territorio comunitario. Quien usurpa es la gente del hotel en connivencia con el juez de paz que se arroga funciones jurisdiccionales que no le corresponde”, detalló ante la etapa de investigación civil en la justicia federal.
La abogada insistió en que "la comunidad no es parte del expediente provincial por el cual se ordenó el desalojo". En este trámite dos privados, Carlos Gustavo Vázquez y Simona Natividad Cruz, litigan contra Mamaní. “Es ilegítimo e ilegal el procedimiento de ayer, mediado por violencia institucional contra una comunidad aborigen y con un daño irreparable porque se destrozó la vivienda de la presidenta de la comunidad más una pequeña oficina de turismo de propiedad colectiva”.