La causa de la comunidad kolla de Caspalá se mantiene con competencia federal, así lo resolvió en una audiencia celebrada ayer. Allí la jueza Gregoraschuk rechazó la presentación de inhibitoria de la justicia provincial.
Semanas atrás la defensa de los imputados en la causa penal de Caspalá, presentó un pedido de inhibitoria para que el expediente se tramite en la justicia provincial, al que adhirieron los defensores de los imputados de los ex funcionarios provinciales: la ex ministra de educación de la provincia María teresa Bovi, la Secretaría de Infraestructura Educativa, María Victoria Martínez Fascio, y el director de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura de esa cartera, josé Raúl Torrejón; la asesora legal de ese ministerio, María Cecilia Rotondo; el exasesor legal de la Fiscalía de Estado jujeña, Diego Montenovi; y el excomisionado municipal de Caspalá, Natividad Apaza.
El juez de Control especializado en delitos económicos contra la administración pública de la provincia, Rodolfo Fernández había dado lugar a esa presentación para que la causa retorne a la justicia provincial.
En el nuevo intento de disputar la jurisdicción, la justicia federal avanza con la causa dejando atrás planteos de defensores de los imputados que sostienen que son jujeños y trabajan en el Estado.
El caso Caspalá involucra acusaciones de falsificación de documentos públicos y desvío de fondos relacionados con obras en la comunidad kolla, específicamente en la construcción de una escuela.
La usurpación al territorio de la comunidad kolla de Caspalá en noviembre 2022 donde el gobierno anuncio la construcción de una escuela y luego expropió la finca de Pablo Moyoja, donde arrasaron con una propiedad privada y donde había un sitio arqueológico.
En el 2024 la fiscal Federal Lucía Orsetti, imputó a seis funcionarios por el delito de fraude contra la administración pública derivado de la conformación y uso de documentos públicos falsos en el marco de las actuaciones administrativas que fueron labradas por diferentes áreas del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy para la construcción de la Escuela Secundaria N°57 de la localidad Caspalá.
El financiamiento para esa obra pública fue del erario nacional y donde hubo números irregularidades por ello la imputación a los ex funcionarios.
Además, hay un acuerdo de reparación integral para la comunidad de Caspalá, firmado entre la Fiscalía de Estado de Jujuy y la Unidad Fiscal Federal. Este acuerdo busca revertir daños al patrimonio cultural y arqueológico de la comunidad y fue firmado entre ambas fiscalías.
Así también la legislatura provincial, sancionó meses atrás una ley para devolver la finca de Pablo Moyoja, la que había sido expropiada.
Es decir, el acuerdo de reparación y la devolución de la propiedad de Cruz Moyoja, son hechos donde el Estado provincial reconoce la usurpación a la comunidad de Caspalá.