Antes de que se declarase el aislamiento social preventivo obligatorio -ASPO- por la pandemia del covid 19, el Senado de la Nación había dado curso al pedido de intervención del Poder Judicial de la provincia, presentación que había realizado Guillermo Snopek, quien acusaba a Gerardo Morales de detentar la suma del poder público. Con las medidas restrictivas de circulación, el pedido quedó en la nada, pero la denuncia del ahora diputado quedó reflejada en un informe donde se indica que el 86% de los jueces de la provincia tienen relación con el poder político.
Fue la organización Ruido, Periodismo de investigación contra la corrupción y el silencio oficial en conjunto con CONNECTAS que determinaron provincia por provincia cuántos magistrados mantienen algún vínculo político o laboral con funcionarios.
La investigación apunta a jueces que ocupan un lugar en los máximos tribunales. Así, el informe revela que “6 de cada 10 de las cortes provinciales tuvieron vínculos con el poder local”, siendo ente un promedio a nivel nacional, aunque en Jujuy este número es mayor.
Encabezando esta lista de cortes adictas, están La Rioja, San Juan y San Luis, donde el 100% de jueces. Compartiendo el segundo lugar está Córdoba y Jujuy, con el 86% de magistrados con nexos con el poder político.
Esto se traduce así: de n total de 7 integrantes de la Corte Suprema jujeña, 6 son del radicalismo. Si bien la Corte fue ampliada de 5 a 9 miembros, y actualmente falta cubrir 2 cargos.
El mejor ejemplo de esta vinculación entre integrantes del Poder Judicial y el Ejecutivo es Ekel Meyer: si bien en 2015 asumía como diputado, prontamente Gerardo Morales lo designó como ministro de Seguridad, función que cumplió hasta que fue nombrado como vocal del Superior Tribunal de Justicia en 2020 pese a los cuestionamientos por su falta de carrera en el área, además de la innegable conexión con el gobernador. Para muestra, basta un botón: personalmente, Meyer como ministro, acompañó el operativo de detención a Milagro Sala, figura que el ex mandatario eligió para polarizar y captar más voluntades. La lideresa formó parte de cada discurso pre electoralista.
La Reforma parcial de la Constitución vino con otro reconocimiento a la labor colaboracionista de Meyer: en diciembre de 2023 es designado como presidente de la nueva Corte Suprema de Justicia, lugar que sigue manteniendo hasta la actualidad.
El resto de la Corte está compuesta por Marcelo Jenefes -único que no es del radicalismo-, Federico Otaola, María Eugenia Nieva, Martín Llamas y Mariano Miranda, este último no sólo fue fiscal de Estado, sino también apoderado de la UCR. Sólo Laura Lamas es magistrada de carrera.
En tanto Llamas llega a la Corte después de haber sido vocal de la SUSEPU, además fue apoderado del PJ.
Asi también la jueza Nieva, fue diputada provincial de la UCR, es hermana de Alejandro Nieva de extensa trayectoria radical, actual integrante de la AGN. Ambos hijos de Próspero Nieva quien fuera lider de la UCR.
Conexión
La connivencia con el poder político sin duda afecta la imparcialidad de la justicia, Otaola puso en duda las denuncias que se realizaron por la represión durante el proceso de Reforma, donde 3 ciudadanos perdieron uno de sus ojos. Los operativos también incluyeron vehículos privados y sin patente para detener manifestantes y posteriores causas por sedición.
Si bien el informe de RUIDO y CONNECTAS menciona la actual Corte, hubo otros nombres polémicos que pasaron por el Poder Judicial, tal como Clara Falcone Langhe, quien manifestó sin ningún tapujo sobre Milagro Sala “no vamos a permitir que quede libre”, adhiriendo a la causa de Morales sobre el confinamiento de la dirigente de la Tupac Amaru. Fue tal el escándalo que el resto del STJ debió salir a aclarar que la presidenta del cuerpo se había excedido en sus atribuciones. Esto ocurría en diciembre de 2019.
El inicio del 2020 también trajo otro capítulo más sobre los cuestionamientos del Poder Judicial: en un audio, Pablo Baca admitía que la detención de Sala respondía al designio de Morales para evitar la movilización en las calles. En la misma conversación, el ex magistrado (que llegó al Superior Tribunal luego que como diputado votara a favor de su ampliación) señalaba que Sergio Lello Sánchez, fiscal general del MPA -órgano impulsor de todas las causas contra la lideresa- era parte del equipo que conformaba la red persecutoria que desplegó Gerardo Morales contra opositores.