POLÍTICA

Informe preliminar

Fractura de la ciudadanía y entrega de los recursos naturales a empresas, conclusiones de la reforma en Jujuy

La misión internacional conformada por ocho organizaciones de derechos humanos apuntó a que los cambios en la Carta Magna jujeña se produjeron sin la deliberación correspondiente, provocando mayor polarización y persecución a opositores

Fractura de la ciudadanía y entrega de los recursos naturales a empresas, conclusiones de la reforma en Jujuy

 

 

Durante toda una semana -del 21 al 25 de agosto- una misión internacional de observación llegó a Jujuy para relevar las consecuencias de la reforma parcial de la Constitución provincial, la cual, lejos de robustecer el sistema democrático, exacerbó “la fractura y la polarización” en el conjunto de la ciudadanía.

Ese fue uno de los primeros puntos que subrayó la misión conformada por ocho organizaciones de derechos humanos: Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH); Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Pan para el Mundo (PPM); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc Mx); International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA); Centro Legal de Derechos Humanos (HRLC); Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)y Movement Law Lab (MLL) que desembarcaron en la provincia para realizar un relevamiento de denuncias sobre la vulneración de derechos por parte del Estado provincial.

Así, dicha misión se presentó en los focos de protesta en los cortes de ruta que persisten en la región de quebrada y puna que tiene a las comunidades indígenas como protagonistas, pero también como víctimas de la represión policial, la persecución mediante causas contravencionales y de los propios cambios en la Carta Magna jujeña.

En ese sentido, la misión internacional apuntó que, si bien las comunidades preexistentes solicitaron participar de la reforma, “esta se llevó a cabo sin un amplio proceso de deliberación. La elaboración de la reforma se desarrolló con una ausencia de mecanismos de consulta y participación de las instituciones representativas de los pueblos indígenas, a pesar de los numerosos pueblos que habitan en Jujuy (alrededor de 420 comunidades) y de la vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas”.

En consecuencia, consideraron que las modificaciones en la Constitución son incompatibles “con los derechos humanos y los derechos ambientales”.

Aquí, el informe preliminar destaca cómo la reforma parece responder más a los intereses económicos de grandes empresas, antes que a la propia población.

Entre otras, las disposiciones relativas a las tierras fiscales y la ausencia de mecanismos para la protección de tierras indígenas, quienes ancestralmente ocupan estos territorios. La misión recuerda al gobierno provincial que la jurisprudencia interamericana ha reconocido que los derechos de posesión de los pueblos originarios deben ser tutelados por los Estados.

En el contexto de la crisis climática y escasez hídrica, la reforma no aborda de manera adecuada la gestión integral de cuencas ni la preservación de ecosistemas. En ella parece que se favorece el uso industrial, agrícola y ganadero de gran escala de los recursos hídricos y se abren las puertas a concesiones que pueden dar origen a la privatización de las aguas, dañando los ciclos ecosistémicos y desprotegiendo la agricultura y la ganadería a pequeña escala, que resulta vital para la existencia de las comunidades originarias”, explica el documento, además de recordar los sucesivos conflictos derivados entre las comunidades indígenas y el gobierno, especialmente con la pretensión de la explotación del litio en la provincia, proyectos que requieren del uso intensivo del agua y de químicos que ponen “en riesgo la sustentabilidad de los humedales y salares andinos y en general de los acuíferos”.

Sin embargo, la política represiva por parte del gobierno de Morales no estuvo solo abocada a las comunidades indígenas, también persiguió a “defensores ambientales, docentes, jóvenes, mujeres e incluso niños”, detalla el informe preliminar que se utilizará para redactar recomendaciones que serán presentadas al Tercer Malón de la Paz y al gobierno, tanto nacional como provincial.

Respecto a la represión, se destacó el “uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza, incluido el uso de armas menos letales como balas de goma y gases lacrimógenos que produjeron daños y lesiones en el cuerpo de manifestantes, incluyendo cabezas y ojos”, datos que se desprendieron de los relatos aportados por manifestaciones que sufrieron detenciones arbitrarias, hostigamiento y hasta torturas.

Frente a esto, también se pudo en relevancia las denuncias de la falta de independencia de la justicia en la provincia. “La misión internacional pudo dar cuenta de actos del gobierno provincial y del poder judicial que han causado un efecto amedrentador del ejercicio del derecho a la protesta, que se ven convalidados con normas que limitan el ejercicio de este derecho. Por ejemplo, se identificó un posible uso abusivo del sistema penal y contravencional para desincentivar las protestas, mediante la aplicación de figuras penales exageradas y aplicación de multas por sumas elevadas de dinero”.

La misión también se reunió con autoridades del Gabinete provincial, dirigentes sociales, gremiales, entre otras, con quienes se busca abrir un canal de diálogo.

 



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