Las auditorias de las pensiones no contributivas por discapacidad llegan a través de cartas documentos solicitando a los beneficiarios que se presenten en alguna oficina habilitada y algunos lugares ya no existen, por lo que en Jujuy, beneficiarios advierten que las direcciones que consignan en las cartas documento no existen. El circuito planteado desde Nación es complejo, ya que el Certificado unido de Discapacidad (CUD) no valida la pensión por discapacidad.
Esas pensiones se tramitaban y gestionaban administrativamente a traves del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, organismo que el gobierno de Milei cerró, si bien la provincia esta tratando de gestionar el trámite con un área reducida para hacer el trámite en corto plazo.
El Defensor del Pueblo de Jujuy, Pablo Lavilla, manifestó una fuerte crítica al desarrollo del operativo de auditoría sobre pensiones no contributivas a personas con discapacidad, impulsado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en todo el país. Aseguró que la intervención de la Defensoría fue necesaria ante una "situación grave" en la provincia, en la que cientos de jujeños podrían perder su pensión por no haber sido notificados correctamente.
La crueldad del sistema deja a las personas en un estado de mayor vulnerabilidad, en la provincia, los telegramas llegan a direcciones inexistentes principalmente se alerta en la puna.
El trámite está en la etapa de certificación en centros de salud y luego de completar con otra documentación. Desde el 15 de mayo y hasta junio iniciarán las citaciones para las evaluaciones y luego se conocerá si continúan con las pensiones.
En la capital quizás las personas estén contenidas ya que deben ir a la clínica Los Lapachos y en todas sus sucursales, propiedad del diputado nacional Manuel Quintar que monopolizó el trámite.
En tanto, en el interior la situación es crítica, hay personas que no se enteraron del trámite que deben realizar para no perder el beneficio de la pensión.
Ante este cuadro de situación la provincia extendió los turnos principalmente a la gente del interior, habilito un número para personas que residen en zonas rurales.
El malestar es importante en las personas que deben auditarse y seguir un trámite burocrático como ya sucedió en la gestión de Macri. “Están diseñadas para excluir a las personas del sistema sin garantizar su derecho”, expresa un familiar de una persona detallando que el traslado a oficinas es todo un trastorno.
Los beneficiarios de esas pensiones atraviesan situaciones dolorosas porque no hay información, la asistencia administrativa es confusa y muchos no pueden acceder a los turnos.
En Abra Pampa personal del PAMI llegó a instalarse en una carpa en la calle para realizar la auditoría en un lugar que ya no estaba habilitado. El municipio ofreció las instalaciones, pero el personal rechazó. Personas en sillas de rueda, grandes, niños, sufren estas auditorías llegan en esas condiciones inhumanas a realizar trámites para no perder el beneficio.
Además, en la puna no hay especialidades como traumatología, de manera que las personas deben trasladarse a la capital para obtener la certificación.
La preocupación y el maltrato a las personas ante la incertidumbre es cruel y muchas también están pasando por cuadros de angustia y crisis depresivas.
Se desconocen la cantidad de personas que percibe la pensión en la provincia desde hace tiempo, el criterio de ANDIS para estas notificaciones es cruel.
Para la certificación le piden que adjunten el certificado de discapacidad. Hay personas que perciben una pensión por invalidez laboral que no implica una discapacidad.
Desde el lunes en el CEPAM beneficiarios buscan el Certificado Único de discapacidad (CUD) con carta documento en mano, también personas que ya fueron auditadas y tiene 30 días para que esa información se cargue en el sistema la documentación. Sin embargo, este certificado no valida la pensión por discapacidad.
En Jujuy, el Área de Desarrollo Social recorre la provincia asesorando, pero no dan abasto a los trámites menos dar respuesta a la gente.