Los chats filtrados entre la jueza, el cura y el obispo en un caso de abuso sexual abrieron otro capítulo en el escándalo judicial y la víctima denunció a la jueza y al obispo, que ahora serán investigados. El caso, además, expone una interna judicial, una jueza que quiere ser vindicada y un obispo que manifestó que estuvo a derecho.
Sobre las denuncias fue el Procurador del Ministerio Público de la Acusación quien informó que “esa información que fue difundida por un canal nacional, estamos investigando quien suministró esa información. A nosotros nos preocupa la víctima. Acá hay una mujer que sufrió un abuso sexual” señaló el funcionario judicial en una causa que se investiga por delitos de abuso sexual y la difusión re victimiza.
En cuanto a esa causa dijo “tenemos elementos suficientes para enviar a juicio al sacerdote, de hecho ya se hizo la acusación y hay que proteger a la víctima” y volvió a expresar “además tener cierto cuidado con el manejo de la información porque puede afectar psicológicamente a la víctima” es por ello que la víctima denunció a los protagonistas de los chats.
Mientras que por otro lado, la jueza Lamas solicitó licencia, luego de iniciar un proceso de Vindicación ante la Oficina de Gestión Judicial. La presentación es por la difusión de los chats entre la magistrada, el cura Luis Bruno imputado por abuso sexual y el Obispo César Fernández donde buscaban extorsionar a la víctima.
La magistrada, comunicó a la Suprema Corte de Justicia que promoverá Querella Criminal en contra de quienes resulten los autores materiales y/o intelectuales de tan mendaces acusaciones, como así también de haber obtenido, utilizado, propalado y/o facilitado una información falsa y engañosa, reclamando -además- los daños y perjuicios.
En su caso, las acciones se extenderán hacia el o los responsables que hubieran ordenado el actuar malicioso y tendencioso hacia su oficio y responsabilidad.
En cuanto a la causa a Bruno, el procurador dijo que “hay una investigación en curso, ya se hizo la acusación, falta hacer la audiencia de control de la acusación. Se trata del sacerdote Bruno acusado en de delito de abuso sexual”.
A la vez, hay otra investigación relacionada con una serie de evidencia que salieron a la opinión pública, en ese sentido Lello remarcó el rol del MPA: “acá se olvidan que hay una víctima de abuso sexual, nosotros debemos proteger la integridad psicológica de la víctima y los trascendidos terminan dañando a la víctima”.
En cuanto quien filtró y el informe de apertura del celular de Bruno, dijo que “por ahí se mal interpretó, el legajo de investigación tienen acceso las partes, a la vez estamos investigando esta filtración. Hay mucha gente que puede acceder a la información, se inició una investigación a relación a eso. La trascendencia que se dio a algunas evidencias reunidas en la causa contra el sacerdote fueron divulgadas” y reiteró la protección a la integridad psicológica de la víctima y que “entorpece la investigación”.
Desde el MPA se inicio una investigación en la auditoria General de gestión para esclarecer el modo de la filtración de los chats. “Se llegó a la conclusión que el Ministerio Público tuvo acceso cuando tenía el legajo y el acceso a la información. Tenemos un sistema de trazabilidad del tiempo real y se puede establecer quien accedió y de qué forma pudo bajar la información. Es un sistema infalible y lo que respecta al MPA no se pudo detectar ningún tipo de filtración” afirmo el procurador.
“Como se trata de una persona detenida y hay acceso a la causa por parte de abogados defensores que gestionan el sistema de audiencia y la posibilidad de acceder a las evidencias: es el Poder Judicial que también tiene un propio sistema informático. No puedo hablar de eso, solo hablo del MPA y la auditoria esclareció, pero hay una investigación penal en curso en relación a este evento”, informó.
Los fiscales que tienen la causa están esclareciendo todos los aspectos vinculados a este chat que, en principio, es una evidencia que está incorporada a la causa que se le sigue al sacerdote. Luego hubo una denuncia por parte de la víctima en contra del Obispo y de una vocal de la corte que se está investignado.
Respecto a los vecinos de Lozano que manifestaron preocupación por la prisión domiciliaria sin pulsera electrónica del cura, solicitaron que vuelva al penal. Ante ello, dijo el procurador “eso es algo que definió el juez de control relacionado a problemas de salud que alegó el sacerdote y se dispuso su arresto domiciliario que no estaba compartido por el MPA. La fiscal se opuso a ello porque el informe del servicio penitenciario daba cuenta que no había inconveniente que continuara cursando su prisión preventiva en el establecimiento penitenciario porque su situación sanitaria estaba controlada. El juez no compartía la postura del MPA y le otorgó el arresto domiciliario y creo está impugnado por la fiscal actuante”, repasó la resolución judicial hace un par de semanas.