No importó dejar en la calle y sin sus animales a seis familias que habitaban desde hace años la finca, la familia Jenefes denunció a integrantes de la comunidad indígena de Guerrero de usurpación, causa por la que hoy Jorge Cruz fue citado por el MPA.
La audiencia está prevista para las 10, en la sede del Ministerio de la Acusación que se ubica sobre calle Urquiza 462, por lo que comuneros y comuneras pidieron acompañar a Cruz.
La denuncia fue interpuesta por el diputado Juan Jenefes que, junto a sus hermanos, son herederos de Susana Carrillo de Quevedo Cornejo, una de las antiguas dueñas de la finca Guerreros y que las familias Bustamante-Cruz trabajaron por décadas, por lo que la comunidad kolla considera haberse ganado en concepto de la mita que les fue impuesto a las poblaciones aborígenes.
Asimismo, en 2018, la comunidad de Guerrero logró obtener la personería jurídica, aunque en 2021 el propio Estado provincial se la revocó. Para ese entonces, el conflicto entre el pueblo indígena y la familia Jenefes ya había surgido por las mil hectáreas que reclamaban las familias aborígenes y no las 2 que pretendía conceder el diputado del PJ y sus hermanos.
Las tierras en disputa, además fueron reconocidas como ocupadas por la comunidad gracias al relevamiento del INAI en 2017, donde se estableció la ocupación de las mismas. Fue precisamente esto lo que determinó que el gobernador Gerardo Morales -beneficiando a la poderosa familia Jenefes- firmara el decreto 2696 anulando la personería jurídica de la Comunidad Aborigen de Guerrero.
Los pedidos de desalojo datan desde hace años, pero la intermediación del organismo nacional impidió por años que se concrete la medida. Todo cambió con la Reforma (In)Constitucional impulsada por Gerardo Morales, momento desde el cual, el Estado provincial permitió todo tipo de despojo, en especial, con las comunidades indígenas. Guillermo Jenefes, padre de Juan Jenefes Quevedo, fue uno de los convencionales constituyentes que votó a favor de las modificaciones a la Carta Magna de la provincia.
Así, quienes ocuparon tierras de forma ancestral comenzaron a recibir denuncias de usurpación y con ello, ordenes de desalojo, violentos, sin siquiera tener en cuenta la presencia de menores, personas mayores adultas, con enfermedades o alguna discapacidad.