Organizaciones feministas junto a espacios sociales, politicos y universitarios nacionales e internacionales emitieron un documento histórico en el que repudiaron la respuesta del gobierno provincial y las medidas adoptadas luego de los cuatro femicidios sucedidos en Jujuy en los últimos 22 dias.
Puntualmente denunciaron que ante el asesinato de Cesia Reinaga, Iara Rueda, Roxana Mazala y Gabriela Cruz, "el Estado y el Gobierno de Jujuy son responsables".
Además expresaron que:
El gobierno provincial no contuvo, no acompañó, no intervino, no buscó y claramente no estuvo a la altura de las circunstancias.Si este gobierno, hoy, habla de este tema, es porque se vio forzado a justificar su inacción, ante la masividad de los reclamos, tras 4 días de marchas, en toda la provincia y con más de 10.000 personas, en la marcha de la capital.
Las organizaciones feministas, del movimiento de mujeres, de las disidencias sexuales y demás organizaciones sociales y políticas rechazan la norma aprobada por las y los diputadas/os oficialistas, como Ley Provincial Nº 6.185, de “Creación del comité interinstitucional permanente de actuación ante la desaparición y extravíos de mujeres, niñas o personas de la diversidad.
También marcaron su repudio a la ley provincial 6185 aprobada en la legislatura a instancias del oficialismo como respuesta a los asesinatos, ya que:
- Fue una ley de “aprobación express” y sin consenso con otros bloques de la legislatura, que vienen trabajando la temática de violencias de género. Además, se excluyó del consenso también a las organizaciones feministas y del movimiento de mujeres, que venimos sosteniendo el acompañamiento, la contención y asistencia a las víctimas y sus reclamos por justicia y políticas públicas efectivas, desde hace muchísimos años. Esto es una provocación a la movilización popular de los últimos días.
- Es una respuesta burocrática y adolece de operatividad. Establece atribuciones y funciones que ya están asignadas a otros organismos (y que este gobierno no aplica). En consecuencia, lejos de agilizar, entorpecerá y provocará una enorme confusión en los procedimientos existentes.
- No contempla la contención y acompañamiento de las familias de las víctimas.
- No es una medida que apunte a la prevención contra las violencias de género y femicidios.
Por otro lado señalaron el incumplimiento por parte del gobierno y la policía de protocolos ya existentes ante las desapariciones que estipulaban la búsqueda de las mujeres de manera inmediata una vez reportada su ausencia, procedimiento que no se concretó, dejando en abandono a las víctimas y sus familias.
El gobernador parece desconocer las leyes, que hemos conseguido con nuestra lucha, cuando, en sus declaraciones se refiere a la “ausencia de legislación nacional”. Pero también desconoce la propia normativa, que este mismo gobierno ha dictado: ¿acaso el Ministrio Ekel Meyer no sabe que, desde 2017, existe un protocolo (Resolución 005-MS/2017), de su propio ministerio y que él no aplica? Declara que “se hizo todo desde el minuto 0”, lo que contrasta, claramente con el clamor de las familias de las víctimas, denunciando el abandono y la inacción policial. Un ministro de seguridad que culpabiliza a las víctimas, ignorando la inacción del Estado y desconoce lo más elemental sobre la problemática de las violencias de género en el ámbito doméstico.
No se trata de re-escribir leyes y protocolos, que ya están en vigencia y que se actualizan constantemente. Se trata de que se conozcan, se capacite a agentes,para aplicarlos y, finalmente, de que se cumplan, con adecuados presupuestos e insumos necesarios, para proteger a las mujeres, infancias y adolescencias y disidencias sexuales.
El estado debe asignar presupuestos adecuados. Desde las organizaciones de mujeres y disidencias, venimos reclamando que el presupuesto provincial, se elabore con perspectiva de género y con participación de las organizaciones. Para proteger a las mujeres de la violencia patriarcal, para prevenir las violencias basadas en género y para erradicarla se necesitan recursos trabajadoras/es con remuneración digna, con capacitación permanente, con insumos disponibles para realizar el trabajo necesario.
Exigimos medidas de emergencia contra las violencias de género y presupuesto acorde en Jujuy, con participación real de las organizaciones feministas y del movimiento de mujeres, sin restricciones y de familiares de víctimas de femicidios, en cada una de las instancias tanto legislativas, para la elaboración de proyectos de ley contra las violencias de género, como ejecutivas, monitoreando la aplicación de la normativa y el destino de los fondos. No queremos una declaración de emergencia para que el gobierno maneje partidas a su antojo:es imprescindible nuestra participación en la distribución.
Repudiamos la represión y el hostigamiento policial a las masivas movilizaciones en distintos puntos de la provincia contra los femicidios, solidarias con las familias de Iara, Gabriela, Roxana, y Cesia.
El Estado y el Gobierno de Jujuy son responsables.