JUJUY

Por el desfalco en el Juzgado Contravencional

Legisladores del FIT solicitarán interpelación a funcionarios y derogación del Código Contravencional

Es por el escándalo del desfalco de más de 500 millones de pesos en el Juzgado Contravencional N°1 que depende del Ministerio de Seguridad de la provincia. En 2024, el gobierno de Sadir recaudó casi 2 mil millones de pesos con las multas

Legisladores del FIT solicitarán interpelación a funcionarios y derogación del Código Contravencional

Los legisladores del PTS-FITU presentarán un  pedido de interpelación a funcionarios provinciales por el manejo administrativo de la recaudación en el juzgado contravencional N°1 tras los hechos de corrupción denunciados por el fiscal Diego Funes.

Se investigan los recursos económicos que manejaba el ex juez Matías Ustárez Carrillo, quien renunció al juzgado Contravencional sin dar explicaciones del destino de los más de 500 millones de pesos. El funcionario que asumió en el 2016 en el Juzgado Contravencional que depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia. 

Así también advierten que “no confían en la investigación de la Justicia armada por el gobernador Morales. Solicitan que autoridades del gobierno rindan cuentas en la Legislatura”.

El presidente de la bancada de la izquierda, Gastón Remy calificó "esto es un escándalo de proporciones aún desconocidas, estamos hablando de un funcionario que no puede explicar cómo en su repartición ocurría el cobro de multas ilegales durante 8 años y se montó una estructura para hacer caja paralela”.

En pleno receso legislativo, la opinión del FITU es la que se escucha y solicita que funcionarios expliquen el destino de los fondos  recaudados y solicitaran la interpelación a funcionarios. En tanto que a una semana el oficialismo, peronismo no han emitido posición política.

“Vamos a exigir de manera formal que la Legislatura convoque a los funcionarios del Ejecutivo a dar explicaciones, esto no se resuelve solamente con una renuncia. Acá tienen que dar explicaciones funcionarios de Hacienda y de Seguridad”.

En este sentido el legislador recordó que en 2024 el Estado provincial recaudó en concepto de multas $1.947.913.999 y destinó al funcionamiento del Juzgado Contravencional $388.244.871, según información de la Cuenta de Inversión publicada por el gobierno provincial. 

Ante esos números, Remy remarcó “este señor  -por Ustárez Carrillo- fue designado por el ex gobernador Morales cuando inició la creación de un aparato persecutorio de opositores, sindicalistas y todo aquel que hubiese levantado una voz contraria, lo consiguieron a fuerza de represión e imponiendo esos cobros indebidos y, que para colmo, ahora se conoce que toda esa enorme masa de recursos iba a parar a manos de quién sabe”, consideró ante la implementación del Código Contravencional en 2016.

Por el desfalco que investiga el destino de más de 500 millones de pesos, Remy señaló: “esto es muy simple, cualquier persona que sepa sumar y restar podría auditar esto, tenemos que tener registros de las actas que cobraron, ese dinero tendría que haber ingresado a una cuenta del juzgado y de ahí a la cuenta única que maneja el Ministerio de Hacienda. Los saldos del juzgado deberían ser iguales a los saldos que ingresaron a Hacienda, si no es así, alguien se quedó con plata que no le correspondía”, explicó ante la recaudación.

Sin embargo, se investiga en la Unidad Fiscal especializada en delitos económicos contra la administración pública de la provincia, aunque el legislador considera “no creemos que exista la voluntad política de llegar al fondo de la cuestión, no creemos que la justicia a medida que armó Morales vaya a investigar y menos a juzgar a uno de sus alfiles en lo que fue el montaje de una estructura de persecución y restricción sobre las libertades democráticas”.

Por otra parte, la diputada Natalia Morales agregó "venimos expresándonos en contra de este modelo de justicia administrativa que creó Gerardo Morales para perseguir, por cuestiones de forma y de fondo. Utilizó esta maquinaria para perseguir a estudiantes que rechazaban el cierre de sus institutos, se persiguió a los obreros de La Esperanza que se opusieron a la maniobra burda de entrega del ingenio, se persiguió a dirigentes sindicales, a las vendedoras y vendedores ambulantes, en fin, a un pueblo entero que le dijo no a la Reforma", recordó.

En sentido, indicó "lo agravante es que el actual gobernador Sadir sigue utilizando como una continuidad disciplinadora” en referencia a las contravenciones. “Ahora queda a las claras que esa herramienta, que a todas luces es inconstitucional, también se la utilizó para fines particulares, para recaudar plata que vaya a saber dónde está. Es plata que les fue confiscada a jujeños, que ahora está en los bolsillos de alguien y no tuvo el destino que nos dijeron”.

Por último, Natalia Morales dijo “acá que quede claro quién se llevó toda esta plata y bajo las órdenes de quien se manejaba, creemos que no sólo es una cuestión administrativa y de cambio de caras, este Código tiene que caer, es contrario a la Constitución Nacional y no se puede estar bajo sus normativas ni un día más. Vamos a volver a ingresar el proyecto de ley para su derogación por lo que expresaba anteriormente y ahora porque está a la vista que es una estafa al pueblo.”

 

Datos de la cuenta de inversión de la provincia

Datos de la cuenta de inversión de la provincia



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