JUJUY

El MPA investiga la filtración de los chats

El obispo Fernández se presentó ante la justicia, busca desligarse del sacerdote abusador

En un comunicado, la autoridad eclesiástica señaló que desde que se inició la causa contra Luis Bruno ha procedido de acuerdo a las normas del Derecho Canónico. También confirmó que se reunió con la víctima, aunque para escucharla

El obispo Fernández se presentó ante la justicia, busca desligarse del sacerdote abusador

 

Mientras continúa el escándalo sobre la red de eclesiástico-judicial para garantizar la impunidad del cura Luis Bruno denunciado por violación, en las últimas horas, el obispo de Jujuy, Daniel Fernández señaló que se presentó de forma espontánea ante la justicia para entregar información respecto a su accionar ante el caso.

Fue mediante un comunicado que la máxima autoridad de la Iglesia de la provincia brindó detalles sobre su accionar, en un intento de desligarse de las acusaciones en su contra. “Se han vertido algunas informaciones periodísticas que nos han traído inquietud porque me involucran en lo que hace al proceso que se sigue al sacerdote Luis Bruno, a raíz de una denuncia penal por la cual está detenido por decisión de la justicia”.

En ese sentido, Fernández aclaró que desde diciembre, cuando se hizo la denuncia que se hizo en contra del párroco ha procedido “de acuerdo a las normativas del Derecho Canónico apartando al sacerdote de la tarea pastoral y adoptando las medidas canónicas correspondientes, siempre dando cuentas al Dicasterio para al Clero de la Senta Sede, que es el organismo competente en estos temas”.

Asimismo, confirmó que se reunió con la víctima, tal como se sostiene en las conversaciones entre el cura denunciado y la jueza Lamas, aunque el obispo apuntó que ha mantenido “contacto siempre en pos de escuchar y responder a sus inquietudes en un clima de cordialidad y colaboración y le he informado todos los pasos que fuimos dando en relación a la situación del sacerdote”.

Frente a la grave acusación en su contra, Fernández indicó “todos esos elementos los he informado a la justicia, haciendo una presentación espontánea, poniéndome a su disposición y entregando toda la documentación sobre las medidas disciplinarias canónicas adoptadas”.

Por último, aclaró “tengo tranquilidad de conciencia en cuanto a mi proceder y a mi recta intención en el obrar y también está mi confianza en la objetividad de la justicia frente a nuestras subjetividades que son siempre limitadas”.

 

La filtración de pruebas y una investigación

Días atrás, el programa Telenueve Denuncia expuso los chats entre el cura Luis Bruno y la jueza Laura Lamas en los cuales señalaban el pago de 10 mil dólares para comprar el silencio de la víctima, el mediador era, según la conversación, era el propio obispo Fernández.

Ante la divulgación de esta prueba que figura dentro del expediente, el Ministerio Público de la Acusación inició una investigación para conocer cómo se filtró dicha conversación. “Se dispuso la apertura del legajo P-24901/2025, orientado exclusivamente a investigar la filtración y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder”, informaron desde el órgano extrajudicial.

La misma se abrió bajo la carátula “entorpecimiento o turbación de actos funcionales de la autoridad”, prevista en el artículo 241 inciso 2 del Código Penal de la Nación.

En ese sentido, el MPA aclaró “la información divulgada corresponde a un legajo penal al cual habían accedido, en el marco del proceso judicial, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa, abogados defensores particulares y el personal de la Oficina de Gestión Judicial del Poder Judicial”, cerrando así el círculo desde donde se dio a conocer la información al programa de televisión.

Sin embargo, el mismo MPA expuso que desde allí no se filtró la conversación y adelantando que convocará a declarar a quienes hayan tenido acceso a dicha prueba.

“El Ministerio Público de la Acusación continuará impulsando todas las diligencias necesarias en sede penal para esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades correspondientes, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia institucional y la tutela judicial efectiva”.

Por último, advirtió “la difusión indebida de información sensible en legajos en trámite puede generar responsabilidad penal y administrativa para quienes resulten responsables, además de afectar gravemente los derechos de las víctimas y el debido proceso de las personas imputadas”.

 



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