Finalmente, este miércoles la Corte Suprema de Justicia de la provincia volvió a ocupar las vacantes que había desde febrero de 2024 en adelante por el fallecimiento de magistrados o renuncias en medio de escándalos por el intento de coimear a víctimas, los nombramientos se dieron de forma exprés, volviendo a dejar al descubierto los acuerdos políticos entre el oficialismo y el peronismo vetusto, situación que fue criticada por la izquierda: “en 3 horas a pedido del gobernador y con el aval de los bloques tradicionales sumaron a cuatro nuevos jueces”.
Esas fueron las consideraciones que hizo el diputado del FIT Unidad, Gastón Remy respecto al lugar que pasarán a ocupar Lisandro Aguiar, Gonzalo de la Colina, Eduardo Uriondo y Emma Arias en el máximo órgano de justicia de Jujuy, cuestionado desde la ampliación que ordenó Gerardo Morales y que tiñó de rojo y blanco al Poder Judicial.
“Estas cuestiones no dejan de sorprender por la forma en que las llevan adelante. En tres horas a pedido del Gobernador y con el aval de los bloques tradicionales sumaron a cuatro nuevos jueces vinculados a cada una de estas fuerzas políticas”. Y agregó, “esta decisión fue tomada por los dos sectores que cogobiernan la provincia, uno en lo formal y el otro en brindarle todo el apoyo político para llevar adelante un plan de ajuste que nada tiene que envidiarle al ajuste de Milei y sus formas”.
El legislador, además comparó la designación de los jueces supremos con la creación del Concejo de la Magistratura: “según sus defensores sería la panacea para democratizar el sistema judicial, lograr transparencia en las designaciones y remociones, por el otro lado, los jueces del máximo tribunal se eligieron directamente por un acuerdo entre el Gobernador y los bloques mayoritarios, se evidencia lo más podrido de la casta que digita los nombramientos de la otra casta, la judicial, que va a juzgar en última instancia la vida del pueblo trabajador jujeño”.
En la misma dirección, su compañera de bloque, Natalia Morales, subrayó “los que dicen ser democráticos y garantes de las instituciones, acuerdan entre ellos y se reparten cargos poniendo a funcionarios o familiares en la Justicia. Los cuatro jueces electos están vinculados a la política partidaria, a Sadir, Morales, Jenefes y Rivarola. Mientras la UCR puso al presidente del bloque en el Concejo de la Capital, Lisandro Aguiar, que renunció el mismo día y a quién estuvo en la Secretaría de Minas Emma Arias; el PJ puso a De la Colina, ex apoderado del PJ, reciente procurador en el MPA y a Eduardo Uriondo, hermano de una legisladora provincial y funcionario durante el gobierno de Fellner. No confiamos en esta justicia, que defiende los intereses de los poderosos y dueños de la provincia”.
Ante la gravedad que implica la falta de división de poderes en la provincia, la izquierda volvió a poner en debate la elección de magistrados de forma directa y con mandatos revocables “que sus dietas sean iguales a las de un trabajador y se eliminen todos los privilegios con los que cuentan. Juicios por jurados populares como parte de una democratización de raíz que aliente a una pelea de fondo por un gobierno de las y los trabajadores”, instó la diputada.
