JUJUY

Editorial

Hoy como ayer: Nunca Más a la violencia política e institucional

La última dictadura utilizó la estigmatización para legitimar las prácticas represivas. 45 años más tarde, en Jujuy el gobierno local utiliza la misma estrategia contra quienes se oponen a su política

Fotomontaje Jujuy Dice
Fotomontaje Jujuy Dice

 

 

Por Rodrigo Quiroga y Mariana Mamani

El Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia cuando se conmemora 45 años del último Golpe de Estado, el recuerdo de los 30 mil detenidos desaparecidos por la dictadura cívico- militar- eclesiástica en el país, constituye una jornada de reflexión y análisis crítico sobre los hechos sucedidos en nuestro pasado reciente

Justo es entonces analizar las circunstancias que permitieron que un estado llegue a concretar tamaño genocidio en nuestro país para que algo así no vuelva a suceder y pensarlas desde el presente que vivimos en Jujuy.

Una vez instalado el gobierno militar, todo un aparato represivo de las fuerzas armadas, junto a la policía y sus cómplices civiles se puso en marcha, secuestrando, torturando, desapareciendo y asesinando a miles de estudiantes, militantes sindicalistas, a sus familias e hijos sin piedad, por el sólo hecho de pensar distinto.

Pero antes y de manera simultánea con ese genocidio, desde los medios de comunicación y otros aparatos ideológicos del estado, se impuso en el sentido común un discurso estigmatizante y polarizador que buscó legitimar las atrocidades del gobierno militar. Los “subversivos” debían ser “neutralizados” ya que eran algo así como cuerpos extraños a nuestra sociedad “occidental y cristiana”.

Hoy en Jujuy, con un gobierno democráticamente elegido, vivimos una escalada de violencia desde el estado hacia ciudadanos estigmatizados y una criminalización de toda protesta o movilización social mediante un régimen contravencional que es violatorio de los derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución nacional.

El discurso estigmatizante y excluyente de aquellos ciudadanos, sindicalistas, políticos, militantes o estudiantes que se movilizan en representación de intereses legítimos y se oponen a la voluntad del gobierno es pronunciado, acusado públicamente por el gobernador Gerardo Morales como cabeza de un gobierno, y de ese modo legitima el clima de violencia institucional que se vive en la provincia.

Esas palabras pretenden instalar un sentido común donde todo aquel que quiere peticionar ante las autoridades es “tupaquero” o “piquetero”, o “son vagos” o “son violentos” que no merecen ser escuchados y cuyas manifestaciones deben ser evitadas, impedidas, multadas con altas sumas de dinero o directamente reprimidas violentamente.

Hoy la violencia es sembrada desde sus intervenciones y sus acciones por el propio gobernador que es renuente a cualquier diálogo, ni escucha alternativas posibles a sus iniciativas, ni rinde cuentas de los gastos que hace con el dinero de los jujeños mientras se queja de “los violentos”.

Es el propio gobierno el que apela a la polarización y fragmentación de la sociedad como instrumento de legitimación.

La pretensión de instalar un sentido común excluyente de la gran mayoría de los jujeños con necesidades reales que merecen ser manifestadas públicamente porque deben ser oídas por las autoridades, es apoyada desde un gigantesco aparato comunicacional comprado por el poder ejecutivo con el dinero de los jujeños, a través de la publicidad y emisiones de programas con un pretendido fin sanitario, fondos de los cual el gobierno nunca rinde cuentas públicamente. Al igual que de muchos otros gastos de su gestión.

Esos medios que funcionan como aparatos de propaganda y se prestan a cualquier operación que el gobierno arma para, otra vez, descalificar y excluir a sus opositores. Además, esos dineros compran la voluntad de los dueños de esos medios quienes controlan gran parte de la oposición política y persuadir la opinión pública.

Luego de polarizar a la sociedad y estigmatizar con sus palabras a opositores, sindicalistas y ciudadanos para legitimar su exclusión, el gobierno como sucedió en Campo Verde ha procedido a aplicar directamente la violencia represiva de la mano de las fuerzas policiales contra niños, mujeres y hombres, incapaz de escuchar las necesidades de los jujeños y entablar un diálogo democrático.

Se trata de un gobierno elegido en las urnas, pero la democracia que ha instaurado es sumamente restringida y de baja intensidad, donde no existe la división republicana de poderes y no hay respeto pleno por las garantías y derechos constitucionales.

Hoy como ayer decimos: Nunca Más a la represión y a la violencia política. Queremos democracia plena, respeto al disenso y los derechos de todos los ciudadanos en esta provincia. Por la memoria de la lucha de los 30 mil detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre.



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