JUJUY

Sólo superada por Buenos Aires

Jujuy, la segunda provincia con mayor cantidad de casos de violencia policial durante el ASPO

Bajo la excusa de hacer cumplir las restricciones, las fuerzas de seguridad excedieron su rol de control y aplicaron el gatillo fácil (disparo con arma de fuego), maltratos, golpes, lesiones y tortura. El caso Ariel Valerian, un ejemplo de ello

Foto: los corralitos que dispuso el gobierno de Jujuy para detener a quienes violaban la cuarentena
Foto: los corralitos que dispuso el gobierno de Jujuy para detener a quienes violaban la cuarentena

 

Desde la llegada a la gobernación de Gerardo Morales, las denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad se han incrementado, pero dicha situación se vio agravada durante los meses de ASPO -aislamiento social preventivo obligatorio- en 2020, por lo que Jujuy quedó como la segunda provincia con mayor cantidad de casos de violencia policial.

La pandemia trajo consigo las restricciones de circulación en todo el país, donde las fuerzas de seguridad tomaron un rol protagonistas para hacer cumplir las disposiciones del gobierno nacional y que “aprovecharon” para realizar todo tipo de abuso contra quienes infringían la cuarentena.

Para dar cuenta de ello, el Observatorio Social de Juventudes (OSJU) del Instituto de Investigación Social, Económica y Ciudadana (ISEPCI) realizó un relevamiento sobre los casos de abuso y violencia por parte de efectivos de seguridad.

“El Registro Nacional de Violencia Policial surge por la falta de datos oficiales en nuestro país y tiene por objetivo sistematizar y visibilizar los hechos de extrema violencia por parte de las fuerzas de seguridad”, detalla lo que es el primer informe respecto a la temática y en el cual se incluyeron situaciones de abusos de poder y violencia por parte de las fuerzas de seguridad, particularmente de las policías provinciales.

El tiempo analizado abarca el periodo de marzo del 2020 hasta agosto del 2021, aunque desde el Observatorio señalan que no todos los casos de violencia cometidos pudieron llegar a registrarse, en principio, porque no todos se denuncian “por el temor a represalias, hostigamientos o enseñamientos”, además que el informe tomó como fuente medios digitales y gráficos de todo el país, lo que ello también presupone un recorte de los casos que son “noticiables”.

También se tomó datos a partir de buscadores y sistema de alertas; también se realizó un seguimiento de organizaciones y portales especializados en DDHH y violencias institucionales.

 

La violencia sin restricciones de circulación

Las conclusiones del informe del ISECPI mostraron algo que ya se venía denunciado, el aislamiento profundizó la violencia policial en pos de hacer cumplir las normas.

En total, se registraron 156 casos de violencia policial, que por la ubicación geográfica de las víctimas Jujuy quedó en segundo lugar con un 9% (14 de los 156), sólo superada por Buenos Aires (28%).

Los otros distritos que encabezan el listado son CABA (8%) y Santa Fe (6%).

Cabe mencionar que el relevamiento consideró como casos de violencia policial las siguientes situaciones:

-violencia física como sometimiento a posturas forzadas, heridas penetrantes, quemaduras, entre otras vejaciones; abuso de poder a través de apremios ilegales, allanamiento ilegal y desaparición forzosa, prácticas de ahorcamiento y asfixia, como también abuso sexual. En la mayoría de los casos la humillación es una constante en los procedimientos efectuados por las fuerzas de seguridad.

Para el observatorio “la violencia siempre tiene un componente social, un componente político”.

Y en el caso de la violencia institucional “se vincula a aquellas prácticas de violación de derechos desarrolladas (por acción u omisión) por funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores y efectoras de salud, así como también operadores judiciales, en contextos de restricción de autonomía y libertad”.

 

Diversidades sexuales y sectores vulnerables, las principales víctimas

El documento, además, señala la población que se ve más afectada por la violencia policial/institucional: “algunos grupos que han sido y siguen siendo blanco de prácticas de violencia institucional llevadas a cabo por fuerzas de seguridad, principalmente las policías provinciales: varones jóvenes de sectores populares, trabajadores informales o desempleados, como también el colectivo LGBTTIQ+, fundamentales mujeres trans y travestis”.

Asimismo, apuntaron que la violencia no sólo se perpetúa desde el plano físico sino también desde lo psicológico “a través de amenazas de vida, disparos intimidatorios, extorsión e incitación a la violencia, restricción injustificada de contacto. A su vez se suman hechos de violencia sexual y/o de géneros como desnudos parciales y totales, violaciones e intimidaciones por identidad sexual no hegemónica”.

Así, el informe del ISEPCI muestra lo que jujeños y jujeñas viven a diario: el atropello de sus derechos por parte del Estado provincial apoyado en las instituciones represivas, solo hay que recordar el caso de Ariel Valerian, un mecánico que fue detenido el 8 de junio de 2020 y un mes después moría internado en el Hospital Pablo Soria producto de la brutal paliza efectuada por policías.



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