JUJUY

Ayer quisieron alambrar y poner postes en el lugar

La comunidad indígena de Normenta Pacha define medidas de acción contra el desalojo

Tras haber recibido una contradenuncia, miembros de la comunidad piden que la justicia actúe de forma urgente y garantice su integridad física, ya que en 2001 un empleado del supuesto dueño del terreno asesinó a un comunero

La comunidad indígena de Normenta Pacha define medidas de acción contra el desalojo

 

Se mantiene el conflicto territorial entre la comunidad indígena de Normenta Pacha y el empresario Mario Rojo en Libertador General San Martín que ayer intentó seguir con el alambrado y la instalación de postes, hecho que derivó en que la comunidad resuelva hoy llamar a asamblea para definir medidas de acción contra el desalojo.

El viernes pasado el presunto dueño había iniciado obras de separación de un terreno que ocupa ancestralmente miembros de Normenta Pacha del pueblo Ocloya. Dicha tarea fue llevada a cabo por un empleado de Rojo, Arturo Giménez, quien es señalado por la comunidad de haber asesinado en 2001 a un comunero y por ello, decidieron realizar la denuncia ante la Comisaría 11 de Ledesma, ya que Giménez realiza constantes actos de violencia y amenazas de muerte contra la comunidad.

En la jornada de ayer, nuevamente Mario Rojo volvió con sus empleados a realizar las tareas de colocación de postes que bloque el libre paso de la comunidad, por lo que comunero se hicieron presentes en el lugar para quitar palos, por lo que el empresario realizó una contradenuncia contra los miembros de Normenta Pacha.

 

Durante la presencia de los efectivos de la policía, ocurrió una escenificación por parte de Marina Tellez -ex concejal de Fraile Pintado y esposa de Arturo Giménez- quien se encadenó a uno de los postes y gritando que los miembros de la comunidad eran “truchos”.

 

Proyecto inmobiliario, amenazas y homicidio

 

Mientras que todavía la justicia sigue sin definir la situación de los pueblos preexistentes que mantienen conflictos territoriales en la provincia, la comunidad de Normenta Pacha pide que se garantice la integridad física de sus miembros. Al respecto, el cacique del pueblo Ocloya Néstor Jerez explicó a JD “hay 50 miembros de la comunidad que están siendo amenazados” por parte del empleado de Rojo.

El pedido no es en vano: es que Arturo Giménez, según señalaron comuneros asesinó a cuchillazos a Aldo Ramón Amante, hecho por el cual, el empleado del empresario cumplió de 4 años de prisión. “Es de alta peligrosidad” señaló Jerez en relación a Giménez.

Por ello, exigen que la justicia actúe de forma inmediata para garantizar la integridad física de toda la comunidad, como así también se deje sin efecto todas las medidas de desalojo en el marco de la vigencia de la ley nacional de Emergencia territorial de las Comunidades Indígenas de todo el país y que deja en suspenso la ejecución de todas las sentencias judiciales hasta noviembre de este año, aunque ya están pidiendo que se prorrogue otros 4 años más.

Cabe señalar que el fiscal del MPA Ernesto Resúa -al igual que en otros conflictos con comunidades- está interviniendo en la causa de desalojo que se quiere llevar a cabo, pese a que en el marco de la ley nacional 26.160 la comunidad se encuentra inscrita y posee personería jurídica.

Por otra parte, el otro pedido de la comunidad es que el Ministerio de la Acusación actúe de acuerdo al protocolo de intervención en comunidades indígenas preexistentes que fuera presentado el pasado 5 de abril ante el titular del organismo.

Pero el otro argumento que esgrimen contra la medida de desalojo, es que Mario Rojo no puede demostrar ser dueño del territorio que reclama “no pudimos constatar mediante documentación que acredite fehacientemente que tenga alguna titularidad, en el dominio tampoco le encontramos, por lo que entendemos que tanto Mario Rojo, Carlos Rodríguez, Marina Tellez y Arturo Jiménez están violando la ley 26.160” expresó el cacique Jerez.

La situación viene desde el año 2018, cuando la justicia intentó avanzar con el despojo contra otra comunera, sin embargo, la medida se mantiene en suspenso.

El fondo del problema responde al posible desarrollo de un proyecto inmobiliario y turístico, en el cual se plantea la construcción de cabañas. Jerez sostuvo que la gente que intenta desarrollar este emprendimiento serían de Salta, incluso de Buenos Aires. “Están intentando usurpar este espacio comunitario, nosotros con mucha preocupación pedimos a la justicia que actúe en tiempo y forma” resaltó el líder de la comunidad.

Ante esta situación, los miembros del pueblo indígena piden la participación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Secretaría de Pueblos Indígenas en la asamblea de hoy.

Además en el día de hoy a primera hora, la comunidad tenía previsto presentar una denuncia penal y civil contra el presunto terrateniente.

 



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