Aprobada la reforma parcial de la Constitución provincial, el gobierno de Gerardo Morales propició algunos encuentros con el afán de señalar que las modificaciones no limitan ningún derecho, argumento que es desmentido por sindicatos, organizaciones sociales, abogadas y abogados y comunidades indígenas, pero también desde la propia Iglesia Católica.
A través del ENDEPA - Equipo Nacional de Pastoral Aborigen-, organismo dependiente de la Conferencia Episcopal, la Iglesia se adhirió al pedido de inconstitucionalidad que realizaron pueblos preexistentes de Jujuy ante la Corte Suprema de la provincia -lo que era el Superior Tribunal de Justicia con la Carta Magna de 1986-.
Con la firma de Rodolfo Fernández, coordinador nacional del ENDEPA, la presentación expone “la reforma constitucional de la provincia de Jujuy ha vulnerado de manera expresa los derechos y garantías constitucionales y convencionales referida a los Pueblos Indígenas, afectando de manera directa e indirecta el derecho a la participación, consulta previa libre e informada, el derecho al consentimiento, derecho al acceso a la información adecuada, con consecuencias directas sobre su territorio, propiedad y posesión comunitaria, bienes ambientales de su territorio e intereses de los Pueblos Indígenas de Jujuy”.
En consecuencia, el órgano eclesiástico católico apunta que la adhesión al recurso judicial presentado por los pueblos originarios responde a que “entendiendo plenamente que el pedido de obligación Estatal resulta el de garantizar a los Pueblos la entrega de los títulos de la Propiedad Comunitaria Indígena hacia las Comunidades, respetando esta como tal, en sus recursos naturales y espiritualidad”, tal como expresa el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y demás tratados internacionales aplicables.
Y subraya “queda expresamente definido que la supremacía constitucional nacional deja en claro que la posesión y propiedad comunitaria y el derecho de consulta indígena deben ser respetados y garantizados y así lo ha sostenido el último fallo en contra del Estado Argentino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lhaka Honhat vs. Argentina”.
De esta manera, la Iglesia Católica también se incorpora a la discusión sobre los cambios en la Carta Magna provincial realizada por Gerardo Morales y convencionales del oficialismo y del PJ de espaldas al pueblo.
En ese sentido, el obispo de Jujuy, Daniel Fernández manifestó que dicha reforma “entre tantos que han visto afectados sus derechos, se han destacado las comunidades originarias, quienes reclaman por su atención” en diálogo con el programa radial “Caminos de encuentro”. El clérigo también apuntó al rol de la iglesia “ha sido un tiempo de deliberación para continuar acompañando, no solo desde lo religioso y pastoral, sino también desde los aspectos legales, buscando caminos visibles para sus derechos”.
En un contexto de “conmoción social y hechos de violencia; un tendal de sufrimiento y dolor en el pueblo que llevará tiempo poder sanar”, el obispo jujeño indicó que busca abrir una mesa de paz en donde puedan participar todos los sectores de la sociedad.
“Los pueblos pelean por su supervivencia, su ligazón a la tierra; el pelear por sus recursos, por sus lugares, por la tierra, el agua y por el poder oír su voz, pudiendo escuchar” dado que se trata de “reclamos ancestrales sobre la posesión de la tierra para que no se contamine y se observe el cuidado sobre el agua como elemento vital, sobre todo, aquí en la Puna”, manifestó Daniel Fernández sobre la postura tomadas por las comunidades indígenas.
Sin embargo, la vulneración de derechos y garantías es repartida para toda la ciudadanía “eso trajo una conmoción social, hechos de violencia muy fuertes desde el 20 de junio, después la acción del Estado para reprimir esos brotes de violencia”. Como consecuencia, dijo “hay un tendal de sufrimiento, de dolor que ha quedado a lo largo de la provincia”, concluyó el obispo.