JUJUY

Desde el Obispado jujeño buscan abrir una mesa de paz

La Iglesia Católica se suma al rechazo de la reforma constitucional en Jujuy

A través del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, se solicitó la adhesión a la acción de inconstitucionalidad que presentaron las comunidades indígenas en el STJ, ahora Corte Suprema provincial. El amparo apunta a la vulneración de derechos

La Iglesia Católica se suma al rechazo de la reforma constitucional en Jujuy

 

 

Aprobada la reforma parcial de la Constitución provincial, el gobierno de Gerardo Morales propició algunos encuentros con el afán de señalar que las modificaciones no limitan ningún derecho, argumento que es desmentido por sindicatos, organizaciones sociales, abogadas y abogados y comunidades indígenas, pero también desde la propia Iglesia Católica.

A través del ENDEPA - Equipo Nacional de Pastoral Aborigen-, organismo dependiente de la Conferencia Episcopal, la Iglesia se adhirió al pedido de inconstitucionalidad que realizaron pueblos preexistentes de Jujuy ante la Corte Suprema de la provincia -lo que era el Superior Tribunal de Justicia con la Carta Magna de 1986-.

 

Adhesión de la Iglesia Católica al pedido de inconstitucionalidad de la reforma

Adhesión de la Iglesia Católica al pedido de inconstitucionalidad de la reforma

 

Con la firma de Rodolfo Fernández, coordinador nacional del ENDEPA, la presentación expone “la  reforma  constitucional  de  la  provincia  de  Jujuy  ha vulnerado  de  manera  expresa  los  derechos  y  garantías  constitucionales  y  convencionales  referida  a  los Pueblos  Indígenas,  afectando  de  manera  directa  e  indirecta  el  derecho  a  la  participación,  consulta  previa  libre e  informada,  el  derecho  al  consentimiento,  derecho  al  acceso  a  la  información  adecuada,  con  consecuencias directas  sobre  su  territorio,  propiedad  y  posesión  comunitaria,  bienes  ambientales  de su  territorio  e  intereses de los  Pueblos  Indígenas  de Jujuy”.

En consecuencia, el órgano eclesiástico católico apunta que la adhesión al recurso judicial presentado por los pueblos originarios responde a que “entendiendo  plenamente  que el pedido de obligación Estatal  resulta el de  garantizar  a  los  Pueblos  la  entrega  de  los  títulos  de  la  Propiedad  Comunitaria  Indígena hacia  las  Comunidades, respetando esta  como  tal, en sus  recursos  naturales  y  espiritualidad”, tal como expresa el  artículo  75,  inciso  17  de  la Constitución  Nacional,  el  Convenio  169  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT),  la  Declaración  de Naciones  Unidas (ONU) sobre  los Derechos  de  los  Pueblos  Indígenas,  la  Declaración  de  la  Organización  de  los Estados  Americanos (OEA) sobre  los Derechos  de  los  Pueblos  Indígenas  y  demás  tratados  internacionales aplicables. 

Y subraya “queda expresamente definido que  la  supremacía  constitucional  nacional deja  en  claro  que  la  posesión  y  propiedad  comunitaria  y  el  derecho  de  consulta  indígena  deben  ser respetados  y  garantizados  y  así  lo  ha  sostenido  el  último  fallo  en  contra  del  Estado  Argentino  de  la  Corte Interamericana  de Derechos  Humanos  en el  caso  Lhaka  Honhat  vs. Argentina”.

De esta manera, la Iglesia Católica también se incorpora a la discusión sobre los cambios en la Carta Magna provincial realizada por Gerardo Morales y convencionales del oficialismo y del PJ de espaldas al pueblo.

En ese sentido, el obispo de Jujuy, Daniel Fernández manifestó que dicha reforma “entre tantos que han visto afectados sus derechos, se han destacado las comunidades originarias, quienes reclaman por su atención” en diálogo con el programa radial “Caminos de encuentro”. El clérigo también apuntó al rol de la iglesia “ha sido un tiempo de deliberación para continuar acompañando, no solo desde lo religioso y pastoral, sino también desde los aspectos legales, buscando caminos visibles para sus derechos”.

En un contexto de “conmoción social y hechos de violencia; un tendal de sufrimiento y dolor en el pueblo que llevará tiempo poder sanar”, el obispo jujeño indicó que busca abrir una mesa de paz en donde puedan participar todos los sectores de la sociedad.

“Los pueblos pelean por su supervivencia, su ligazón a la tierra; el pelear por sus recursos, por sus lugares, por la tierra, el agua y por el poder oír su voz, pudiendo escuchar” dado que se trata de “reclamos ancestrales sobre la posesión de la tierra para que no se contamine y se observe el cuidado sobre el agua como elemento vital, sobre todo, aquí en la Puna”, manifestó Daniel Fernández sobre la postura tomadas por las comunidades indígenas.

Sin embargo, la vulneración de derechos y garantías es repartida para toda la ciudadanía “eso trajo una conmoción social, hechos de violencia muy fuertes desde el 20 de junio, después la acción del Estado para reprimir esos brotes de violencia”. Como consecuencia, dijo “hay un tendal de sufrimiento, de dolor que ha quedado a lo largo de la provincia”, concluyó el obispo.

 



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