JUJUY

Tras la denuncia que hizo en medios nacionales

“Morales miente y desconoce la posesión de tierras Campesinas en Palma Sola”

Diversas organizaciones campesinas apuntaron a la criminalización de la lucha campesina e indígena por la posesión de terrenos, todo ello, en medio de un proceso de mercantilización y concentración de las tierras

“Morales miente y desconoce la posesión de tierras Campesinas en Palma Sola”

 

La denuncia pública que hizo ayer Gerardo Morales en medios nacionales por la supuesta entrega de 23 mil hectáreas a militantes del movimiento Evita generó una respuesta inmediata de agrupaciones que salieron a manifestar que el gobernador “miente y desconoce la posesión de tierras Campesinas en Palma Sola”.

En un comunicado, el MNCI (Movimiento Nacional Campesino Indígena; CLOC-Vía Campesina y la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) salieron a repudiar las declaraciones del mandatario jujeño, además de aclarar que dicha maniobra sólo tiende a criminalizar la lucha de los movimientos campesinos e indígenas en un contexto de profundización de la mercantilización y concentración de las tierras.

El documento expresa:

En primer lugar, es de suma gravedad que los medios de comunicación mientan deliberadamente. Buscan criminalizar nuestras luchas, a nuestras organizaciones, el rol de los y las compañeros/as que con profundo compromiso asumieron funciones en el estado, y finalmente, sembrar dudas sobre el espacio político al que pertenecemos.

Vivimos tiempos donde existe una disputa por los territorios, mientras las familias campesinas y comunidades indígenas con posesión tradicional y pública cuidan a la madre tierra y su biodiversidad, el gobernador Morales ha avalado y agudizado desde el año 2016 un proceso de mercantilización y concentración de la tierra en Jujuy.

Cuando el Estado Nacional otorga derechos al pueblo, el estado provincial responde a los intereses corporativos criminalizando, amedrentando y mintiendo a la sociedad.

En segundo lugar, el relevamiento realizado desde la SAFCI y el Parque Nacional Calilegua, sobre el estado de situación de la posesión de tierras por parte de familias criollas de Palma Sola, de ninguna forma implicó la titularización. Ninguna familia relevada pertenece a otras localidades como se ha dicho, sino que habitan y producen esas tierras desde hace varias generaciones.

Durante el acto de entrega de los resultados del relevamiento, participaron compañeros/as distintas organizaciones, y de varias localidades que se mencionan en las notas, quienes fueron a acompañar a las familias de Palma Sola.

Finalmente, ratificamos la responsabilidad del Estado Nacional en el efectivo cumplimiento de la Ley Nacional 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, que en Palma Sola se suma a una ordenanza municipal de 2016 que reconoce a Palma Sola Área Campesina, para lo cual es fundamental el relevamiento de la posesión de la tierra por parte de las familias de la agricultura familiar campesina e indígena, la reglamentación y un presupuesto acorde. Este proceso, además, sigue las Directrices de la Tierra y la Carta de Derechos Campesinos de la ONU.

Las aclaraciones llegaron luego de la denuncia que hizo Morales en los medios y que también compartió en sus redes sociales, al señalar “rechazo terminantemente las acciones de funcionarios nacionales del Ministerio de Agricultura que, arrogándose atribuciones del Gobierno de Jujuy y en abuso de sus competencias, emitieron instrumentos reconociendo la posesión de tierras a militantes del Movimiento Evita”.

Y siguió “esos territorios pertenecen al dominio público provincial o titulares privados, y la entrega de estos territorios por parte de los funcionarios nacionales es ilegal. Una vez más asistimos a oscuros manejos de poder en lugar de gestionar con justicia”.

En la misma dirección, apuntó “no avalamos el otorgamiento de terrenos sin un proceso transparente que asegure el acceso igualitario para los jujeños en condiciones equitativas y sin preferencias políticas o partidarias. Menos a personas con procesos judiciales abiertos por ocupación ilegal”, además de destacar que “en Jujuy no avalamos la usurpación ilegal de tierras. Promovemos soluciones habitacionales formales para los jujeños que lo necesiten, en línea con una política de regularidad en el otorgamiento de terrenos, porque respetamos las normas, la transparencia y la equidad”.

Contrario a lo expuesto en el hilo de Twitter, el gobierno de Morales incumple toda legislación para hacerse de tierras. A modo de ejemplo, el caso del desarrollo inmobiliario que pretende con el Ecoparque La Ciénaga, donde hizo que la Legislatura cambiara la categorización de área protegida a sustentable para arrasar con el bosque nativo.

 



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