JUJUY

Sin control de otro poder

Persecución en el MPA: trabajadora presentó un pedido de inconstitucionalidad al régimen disciplinario

Agustina Aramayo desde hace años sufre hostigamiento por parte del titular del ente. La última avanzada fue cuando Lello Sánchez le inició un sumario administrativo por dar a conocer las denuncias que pesaban sobre él

Foto de archivo
Foto de archivo

 

Son múltiples las denuncias que pesan sobre el titular del MPA Sergio Lello Sánchez en relación a medidas de persecución, hostigamiento, violencia laboral y de género, una de las víctimas es Agustina Aramayo, quien ahora presentó un pedido de inconstitucionalidad al régimen disciplinario de dicho organismo.

El recurso presentado por la funcionaria judicial se origina por el sumario administrativo que le inició Lello Sánchez para apartarla de su cargo en la Secretaria Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes Nº 1 por haber hecho pública a través de sus redes sociales las distintas denuncias que realizó en contra el titular del Ministerio Público de la Acusación y que quedó caratulado como “Actuaciones Administrativas s/publicaciones de la Dra. Agustina Aramayo en Red Social Facebook”.

Según indica el pedido de inconstitucionalidad presentado por Aramayo “el Fiscal General del Ministerio Publico de la Acusación Dr. Sergio Lello Sánchez a partir de la Ley 5895 se arrogó ilegítimamente atribuciones y facultades sancionatorias discrecionales, apartándose de lo que establece la Constitución y de lo que determina el Reglamento Interno del Poder Judicial, pretendiendo actuar como un ‘nuevo’ poder, más allá de los tres poderes establecidos en nuestra Constitución”.

Y agrega: “desde el momento en que se me promueve un sumario se me somete a las normas y régimen disciplinario del Ministerio Publico de la Acusación, las cuales están en abierta contradicción con la Constitución Provincial que determina que solamente el Superior Tribunal de Justicia puede entender en las cuestiones disciplinarias de los empleados y funcionarios del Poder Judicial y por ende sometiendo a su órbita al Ministerio en cuestión”.

A esto se suma, que aunque todavía no se resolvió el sumario, las autoridades del MPA somete a la funcionaria a “reglas arbitrarias” a pedido de Lello Sánchez “violentando derechos y garantías constitucionales” y que afecta a los derechos de “la legitima defensa, al debido proceso, a la igualdad frente a la ley y, fundamentalmente, me somete al sólo arbitrio y voluntariedad del Titular del Ministerio Publico de la Acusación y por fuera del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy”.

El pedido de inconstitucionalidad también se debe a que el MPA, como órgano independiente, no cuenta con el control de ningún poder, atribuyéndose la creación y el manejo de un régimen disciplinario propio, entre otras cuestiones y que permite el ejercicio discrecional de sus autoridades, como así también que hasta la fecha de su creación (en 2015) el MPA no cuenta con un órgano disciplinario establecido, por los que las facultades disciplinarias quedan a cargo de la discrecionalidad del Fiscal General, en esta caso, Sergio Lello Sánchez.

La avanzada de Lello Sánchez contra Agustina Aramayo responde a las denuncias penales que le hizo la funcionaria en 2019 por violencia laboral, mobbing (acoso, hostigamiento) y violencia de género.

Si bien la justicia no desestimó las mismas, hasta la fecha las investigaciones tampoco avanzaron.

Fue a mediados de febrero, cuando Aramayo -en licencia por maternidad- es convocada para que regrese a trabajar. En realidad, el llamado respondía solamente para que la funcionaria judicial pudiera recibir la notificación del inicio del expediente sumarial por las publicaciones que realizó en su cuenta (personal) de Facebook sobre las denuncias que había realizado contra Lello Sánchez.

En aquella oportunidad, Aramayo presentó un descargo señalando que se estaba violando el derecho constitucional como lo es la libertad de expresión.

Como si fuera poco, a los días del descargo, el conjunto de los fiscales del MPA salió a dar una conferencia de prensa -donde no hubo ninguna mujer- haciendo una defensa corporativa de su superior. Allí, los fiscales leyeron un comunicado donde desestimaron todas las acusaciones que hizo Aramayo (a quien nunca nombraron) contra Lello Sánchez (pese a que la justicia no resolvió las mismas) dejando demostrado que la violencia de género en la justicia es una práctica vigente.

 



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