JUJUY

A pedido de Morales

Quedó aprobada la ley que permite la compra del Ejecutivo jujeño de vacunas contra el covid

En una acalorada discusión porque gobierno utilizó la estrategia para mantener la confidencialidad del costo de la adquisición, la Legislatura votó a favor para autorizar la posible compra de vacunas Sinopharm

Quedó aprobada la ley que permite la compra del Ejecutivo jujeño de vacunas contra el covid

 

Con un poco de retraso, la Legislatura jujeña cumplió con el llamado de sesión especial para tratar el proyecto del poder Ejecutivo provincial para autorizar la posible compra de hasta un millón de vacunas Sinopharm y que quedó aprobada bajo el número de ley 6.220.

Durante el debate no escatimaron las polémicas y los cruces entre legisladores, por algunos artículos en particular que dejaron algunas dudas en relación a la compra y el costo de las inmunizaciones.

Fue la diputada del PJ Liliana Fellner quien señaló que el miembro informante no brindó ninguna aclaración sobre estos puntos importantes de la ley y que son esenciales para que legisladores voten a conciencia el proyecto.

Fueron varios los diputados y diputadas de la oposición que dieron cuentas de algunos “detalles” que hacen a la transparencia de la adquisición.

El principal, se debe a que el proyecto -ahora convertido en ley- en lo que refiere a la provincia no establece ninguna cláusula de inmunidad soberana, es decir, que en caso que un laboratorio extranjero litigue conta el Estado jujeño, puede hacerse de sus recursos, ya sea económicos o naturales.

Al respecto, la abogada Alicia Chalabe explicó en una entrevista con Radio 2 “este proyecto de ley que envía el gobernador al poder legislativo es para dotarlo de facultades para poder adquirir estás vacunas contra el covid que están establecidas como la principal estrategia que es la inmunización de la población a través de la vacunación” y aclaró que “en concreto pide que lo faculte a poder establecer por sí o por terceros, la compra de vacuna Sinopharm hasta un millón de vacuna o las que se necesiten para lograr la inmunidad”.

Aquí, la primera contradicción con lo expresado ayer por Gerardo Morales quien hizo mención que el acuerdo iba a realizarse de forma directa con el laboratorio que produce la vacuna Sinopharm y no mediante terceros, lo que podría llegar a implicar un sobrecosto en su adquisición.

Pero además, la abogada señaló otro punto que pone en duda sobre qué se pone en juego si se llega a concretar alguna transacción con empresas extranjeras.

“En la ley nacional se establece que esta compra de la vacuna, que por el momento no se produce en el ámbito nacional, se hace con laboratorios extranjeros, una cláusula de prórroga de jurisdicción, quiere decir que está renunciando a poder litigar o hacer reclamo en el estado nacional y ser llevado a tribunales extranjeros”, sin embargo, esta prórroga de jurisdicción establece una excepción.

Y aclaró “establece que solamente respecto esta prórroga de competencia se hace para la compra de la vacuna y sólo por la adquisición de este producto y en un artículo especial, se deja establecido que esta falta de inmunidad soberana no se aplicará para ya sea para las reservas del Banco Central, para los bienes del dominio público o privado del Estado o, para cualquier bien estratégico”.

En resumen, en caso de litigio, el Estado nacional resguarda estos bienes, no así la provincia de Jujuy.

Dicha situación fue reflejada por la diputada Natalia Morales, quien cuestionó que, si en caso de litigio, la provincia iba a poner sus recursos naturales como garantía.

Sin embargo, no fue el único cuestionamiento. La “confidencialidad” establecida en relación al costo de la vacuna fue otro punto que hizo que legisladores pusieran en foco el tema.

Es que desde el oficialismo hablaron de un valor de 18 dólares por dosis, mientras que Fellner habló de unos 40 dólares.

Eso sin contar, que de realizarse la compra mediante terceros, ello podría implicar el costo de una comisión, encareciendo la vacuna en una provincia que mantiene salarios de pobreza.

 

Pedido de suspensión de la diputada Alejandra Cejas

El bochorno llegó de la mano del diputado Rubén Rivarola, quien lanzó chicanas contra su par Alejandra Cejas, mencionando una cuestión del ámbito privado de la legisladora y que se encuentra en la justicia.

Frente a esta situación, Cejas pidió una cuestión de privilegio para que el legislador de cuenta de los negocios que mantiene con el gobierno provincial.

Acalorada en sus declaraciones, cuestionó a Rivarola a quien no dudó en señalarlo como “socio” político de Morales en la Legislatura.

La respuesta de Rivarola fue pedir la suspensión por 90 días, hasta tanto se aclare la situación judicial de Cejas.

Sin perder la oportunidad, el presidente del bloque radical, Alberto Bernis se sumó al pedido de Rivarola, cuestión que parece que se tratará luego que concluya el cuarto intermedio pedido.

 



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