JUJUY

El juez imputado de licencia

Sin control: la gran estafa de las contravenciones

Ninguno de los tres juzgados que dependen del Ministerio de Seguridad aportaron información sobre el dinero obtenido de multas hechas desde 2016. El fiscal que investiga la causa también está denunciado

Sin control: la gran estafa de las contravenciones

 

 

El escándalo en el juzgado contravencional N°1 tras el desfalco de más de 500 millones deja a la vista la corrupción en un organismo que depende del Ministerio de Seguridad de la provincia. La causa que se investiga imputó días atrás al juez contravencional Matías Ustárez Carrillo por el delito: incumplimiento de deberes de funcionario, además hay una persona detenida desde el año pasado en esta causa.

En principio, el rumor que se hizo circular es que Ustárez había renunciado el lunes pasado, a pesar de ello, en las últimas horas se conoció una resolución del Ministerio de Seguridad con fecha 10 de julio que autorizó a Ustárez Carrillo a ausentarse desde el 14 al 31 de julio inclusive y habilita al juez subrogante José Fernández González del juzgado Contravencional N°2 de San Pedro de Jujuy.

La resolución lleva la firma del ministro Juan Manuel Pulleiro e informa a todas las áreas de seguridad de la licencia anterior a la imputación al ex juez administrativo.

el juez contravencional imputado de licencia

el juez contravencional imputado de licencia

En abril de este año, la abogada Alejandra Cejas tiene la defensa del único detenido por la causa de defraudación en el Juzgado contravencional N°1 que denunció, además, al fiscal de la causa Diego Funes. La investigación se inició en junio 2024.

Con dos causas en el juzgado Contravencional N°1, en una está imputado Ustárez Carrillo, “aun no puedo acceder a todo el expediente, no puedo ver todas las pruebas, he denunciado las irregularidades. Mi cliente no es empleado público, la defraudación solamente la puede hacer la gente que trabaja en la administración pública. Entiendo que quieren que alguien se haga cargo de esto y no la gente del gobierno”, sostuvo Cejas.

El planteo que realizó la abogada es la falta de rendición de cuentas tras el cobro de las “actas contravencionales” implementadas desde el 2016. Vale recordar que el Código Contravencional aprobado en el 2014, comenzó a regir desde el 1 de enero de 2016 con la gestión de Gerardo Morales y se usó para disciplinar a las organizaciones sociales con sumas elevadas.  ¿Cuánto recaudó la provincia con las contravenciones, pasaron por el control del Tribunal de Cuentas?, ¿quedaron plasmadas en el presupuesto provincial?, son algunos de los interrogantes que siguen sin responderse.

Los juzgados contravencionales son administrativo creados en la gestión de Morales, dependen del Ejecutivo, siendo eliminados del Poder Judicial. Las fuerzas de seguridad fueron habilitados para realizar las actas y varios dirigentes fueron notificados si haber participado de manifestaciones. Es decir, actas por demás dudosas.

Así, Cejas solicitó un informe al Gobierno Abierto de los tres juzgados contravencionales para conocer el destino del dinero recaudado por las miles de infracciones a organizaciones sociales, empresarios de locales bailables, ambulantes, dirigentes, militantes. Solo respondió el N°1 con un informe de dos hojas y una galería de fotos de donaciones a punteros, reuniones. En tanto los juzgados 2 y 3 no respondieron.

“Desde el 2016 a la fecha alguien tiene que salir a explicar qué pasó con la plata de las contravenciones, son millones. Con Ustárez no alcanza porque debe ser un engranaje en todo esto. El problema está arriba, quien habilita para manejar esa plata, dónde va. Esto no es privado, es recaudación pública, tenemos el derecho de saber. No solamente corrompe el que se queda con fondos públicos, también es corrupto el que no hace su trabajo, el que no persigue penalmente a funcionarios” enfatizó la abogada.

Y agregó “acá no se respetan derechos y garantías, hay honrosas excepciones en la justicia. Pero acá te tiran el Estado ante un caso de corrupción. El Poder Judicial no está en condiciones de seguir así, estamos todos en riesgo en esta provincia”, advirtió.

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Diego Funes, lleva la investigación aunque también está denunciado. “Acá parece que encubren a funcionarios del gobierno”, dijo Cejas y recordó que en la causa de Caspalá, en la cual representa a la comunidad y que se tramita en el juzgado Federal, el mismo Funes busca que el expediente pase a la provincia. La causa tiene a varios funcionarios provinciales imputados.

La abogada también recordó la causa del CEDEMS donde está imputado el ex secretario general y funcionarios de Educación, donde están las pruebas y no avanzan.

“Acá todo es perverso” señaló Cejas ante el difícil acceso a la justicia provincial, “cada vez que le salta un caso de corrupción al gobierno empiezan a tapar y las causas no avanzan. La causa testigo es CEDEMS hay un defalco de 450 millones de pesos al 2021 y a la fecha no hay juicio porque hay punteros radicales. Los tienen amparados en el Ministerio de Educación”, detalló.

 Ante los antecedentes en varias causas judiciales, la abogada advirtió “están vulnerados los derechos de los ciudadanos. La justicia no puede ser un bunker de radicales. No hay divisiones de poderes, no hay oposición. Me preocupa como confunden a la gente. Pasan cosas crueles desposeyendo a la gente de sus casas, si orden judicial”.



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