JUJUY

Editorial

Unido, responsable y solidario en el avance sobre la democracia jujeña

El gobierno de Gerardo Morales emplea a la justicia no sólo para perseguir opositores sino también para disciplinar a la población jujeña y asegurarse la falta de auditoría sobre las finanzas públicas.

Ilustración E. Barrientos
Ilustración E. Barrientos

 

Cinco años transcurrieron de la detención de la dirigente social Milagro Sala, que representa ni más ni menos la falta de independencia de poderes del Estado en Jujuy.

La provincia desde el 10 de diciembre de 2015, solo ha llevado a cabo la promesa de mantener presa a la líder de la Tupac Amaru. El gobierno de Juntos por el Cambio nacional y provincial  concretó una vasta campaña de persecución sobre dirigentes opositores, para terminar aplicando una política económica de ajuste y miseria junto a la concreción de oscuros negocios con fondos del Estado.

Esa corrupción y el gran endeudamiento que adquirió Macri en Nación y Morales en Jujuy solo han sido la muestra de un gobierno perverso que solo invirtió en el espionaje en un modelo represivo logrando la suma del poder público.

La intervención del poder judicial en Jujuy debe ser considerada seriamente, porque en un país democrático el modelo impune de una justicia sometida a los intereses políticos del ejecutivo, empleada como arma para perseguir a opositores y acallar cualquier protesta social, no puede continuar.

Esa persecución llega a extremos absurdos en la provincia, como la multa con que la justicia contravencional sancionó a estudiantes del CEIJA por manifestar. El rechazo de las distintas formas de sanción a la protesta social que emplea la justicia jujeña, con excusas banales, como el cumplimiento de medidas sanitarias generó el repudio de organizaciones sociales de todo el país; como lo hizo saber Juan Grabois desde la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular).

Luego de 5 años de gestión, queda en evidencia que la actitud antidemocrática de Morales de controlar la justicia no tuvo sólo como fin encarcelar y perseguir a Milagro Sala y miembros de la Tupac Amaru (objetivo que muchos acordaron a partir de una virulenta campaña de demonización de ese movimiento).

Es sumamente ingenuo pensar que su avance contra la división de poderes y violación de cualquier garantía consitucional, solo pretendió controlar y encarcelar a su declarada enemiga, aunque le valió el aplauso de algún público predispuesto a la satisfacción pasajera del odio mediático.

Su objetivo último, alcanzado por cierto, fue desmovilizar cualquier organización o voz opositora, incluyendo los sindicatos provinciales, como prueba basta cotejar los míseros aumentos que recibieron los empleados estatales jujeños -aún por debajo de lo que estaba presupuestado en el presupuesto 2020 presentado por el gobierno- . Un silencio que también contó con la complicidad de algunos dirigentes.

Morales lleva cinco años desconociendo la Constitución, y no garantiza derechos porque ha confundido del minuto cero que su rol es de Gobernador y no dueño de la provincia.

La justicia ha sido el brazo ejecutor de sus decisiones y el más obediente resulto ser el ahora vocal del Superior Tribunal de Justicia Ekel Meyer, que durante cinco años fue el ministro de Seguridad.

Casos impunes en Jujuy como la muerte de Matías Puca, la gran deuda de la justicia. Un hecho signado por la manipulación política y judicial donde a los funcionarios solo cumplieron con la complicidad de buscar verdad.

Y qué decir de los casos de femicidios, y la cantidad de casos de violencia de género que tiene como protagonistas a funcionarios de este gobierno. Jujuy tiene la peor radiografia institucional política, económica, social. 

El gobierno de Morales con su monotema desde la campaña política del 2015 apostando a los fantasmas de la violencia, hoy 2021  no pueden sostener ni demostrar esas mentiras. Por eso acuden a las fuerzas de seguridad a implementar un modelo represivo sistemático para silenciar a la ciudadanía.

La cooptación de los medios hegemónicos es otra de sus banderas, pagando millonarias pautas publicitarias para silenciar  y dibujar la realidad jujeña.

Los socios del poder político depredan los fondos del estado para sus arcas. Asi es como uno de los grandes socios de Morales es el presidente del Partido Justicialista Rubén Rivarola. El empresario político que nada de nacional y popular tiene, no ha dudo en acompañar y apañar la inmoralidad de un gobierno radical.

El peronismo conservador que sostiene las viejas políticas del bipartidismo están llegando a su fin, los jujeños esas sociedades ya no se permiten. 

Los apellidos del feudo jujeño ya han perdido ese respeto que imponían años atrás, hoy es la militancia y la necesidad de renovar espacios políticos para recuperar la provincia.
El poder político de Jujuy está basado por las presiones, la punitividad en todas las áreas del Estado.

En democracia, Jujuy no puede permitir el abuso de autoridad del gobierno radical que aplicó  días atrás un extenso plan operativo Aniversario, donde usó inteligencia contra los participantes y la amenaza de un aplio aparato represivo para amedrentar la movilización realizada al cumplirse cinco años de la detención de Milagro Sala. 

Las consecuencias de un gobierno sin ningun respeto por la división republicana de poderes, que controla la justicia a su antojo, la sufren no sólo los presos políticos de Morales, sino también todas las jujeñas y jujeños que ven cercenadas sus posibilidades de expresarse y reclamar por politicas que les aseguren una vida mas digna.

El debilitamiento institucional en Jujuy produce violencia institucional. Algunos ejemplos son los mencionados casos de funcionarios provinciales, que conscientes de la impunidad con que cuentan abusan de su poder sobre empleados, llegando a graves situaciones de acoso laboral y sexual. O donde un acusado de abuso de menores es liberado por sus vínculos con el poder. ¿Realmente a esto querían llegar quienes pensaban que la violación de cualquier garantía constitucional era justificada para encarcelar a integrantes de la Tupac Amaru?

No olvidemos que el control de la justicia y otros organismos intermedios de control de las cuentas públicas por parte del gobierno, y su dominio de la legislatura -complicidad de parte de la oposición mediante- ha llevado a un estado calamitoso de  las finanzas del estado provincial, donde los gastos que realiza el Gobierno de Gerardo Morales no tienen níngún tipo de control y llevaron a una deuda provincial millonaria que tal vez terminen pagando nuestros nietos. 

Para dejarlo en claro: el avance contra la división de poderes que ha concretado Gerardo Morales, no sólo atañe a quienes están detenidos sin un juicio justo, sino a todas y todos los ciudadanos de la provincia cuyo futuro está comprometido por un gobierno que no respeta níngun límite ni quiere acatar control alguno por parte de la sociedad y sus representantes como corresponde a cualquier democracia.



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