JUJUY

Tras su dimisión quiso entrar a la dependencia

Un pedido de juicio político, una renuncia y el rumor de una causa en contra de Morales: el fin de Lello Sánchez

Este jueves fueron allanadas oficinas del MPA, el domicilio del ex procurador, al igual que su segundo, Ignacio Pasquini. También se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación de legajos de funcionarios y magistrados

Un pedido de juicio político, una renuncia y el rumor de una causa en contra de Morales: el fin de Lello Sánchez

 

La vida pública jujeña se inició ayer con una sucesión de hechos que exhibieron otra arista de las internas que envuelven al Poder Judicial, al Ministerio Público de la Acusación y al poder político en la provincia.

Intempestivamente, en la novena sesión ordinaria en la Legislatura provincial, que se inició antes del mediodía, ingresó un pedido de juicio político contra el procurador general Sergio Lello Sánchez y el adjunto, Ignacio Pasquini. El pedido tuvo un tratamiento veloz, pasó a la Comisión Investigadora, que decidió la suspensión de ambos funcionarios y el allanamiento de las oficinas del Ministerio Público de la Acusación y, finalmente, se supo que ambos denunciados renunciaron a sus cargos, con lo que juicio político queda sin efecto.

Una serie de hechos explicarían la movida contra Lello Sánchez y el adjunto.

Entre ellos, se destaca el escándalo suscitado la semana pasada con la difusión de los chats en los que la jueza de Corte Laura Lamas González, el sacerdote Luis Bruno acusado por abuso sexual y el obispo de Jujuy, César Fernández se ponen de acuerdo para silenciar a la víctima ofreciéndole 10 mil dólares. El entonces procurador general de Jujuy, informaba la semana pasada que la víctima había denunciado a la jueza y al obispo, que eran investigados. Negó que la filtración de esos chats hubiera salido desde el MPA y añadió que al expediente habían accedido también "el Ministerio Público de la Defensa, abogados defensores particulares y el personal de la Oficina de Gestión Judicial del Poder Judicial".

 

Un trámite exprés

En la sesión de ayer, el secretario parlamentario de la Legislatura informó del pedido de juicio político contra el procurador y el adjunto presentado por Walter Rondón, Agustina Aramayo, Augusto Baiud, Carlos Ariel Gil Urquiola, Cristian Rivero y Rodrigo Fernández Ríos. Varios de ellos ex funcionarios judiciales que en su momento fueron perseguidos por el mismo Lello Sánchez.

El recién asumido diputado provincial de Primero Jujuy Avanza, Facundo Figueroa Caballero y el presidente del bloque de la UCR, Santiago Jubert expresaron que siguiera el trámite, por lo que el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, envió el pedido a la Comisión Investigadora y para que siga el curso.

Esa Comisión dispuso la inmediata suspensión de los funcionarios denunciados y, como se pedía en la presentación, se allanaron las oficinas del MPA, en las mismas horas del mediodía. Estos procedimientos, realizados con mucha presencia de la Infantería y otras dependencias de la Policía de Jujuy, invadieron las calles céntricas donde se encuentran las dependencias del Ministerio Público de la Acusación.

En el pedido de juicio político contra Lello Sánchez pedía que se allanaran "las oficinas del Ministerio Publico de la Acusación y de los inmuebles que resulten vinculados a la investigación, ordenando el secuestro de los siguientes elementos: equipos informáticos (PC, notebooks, netbooks), discos rígidos, dispositivos de almacenamiento, servidores, teléfonos corporativos, documentación relativa a legajos personales de funcionarios y magistrados, registros de subastas, convenios y cualquier otro documento o soporte que pueda resultar de interés para la investigación".

Cuando se inició el allanamiento en uno de los edificios, sobre la calle Sarmiento, Lello Sánchez estaba en ese lugar. Se retiró y luego se conoció que había renunciado, como así también Pasquini. Lello regresó más tarde ya con ropa deportiva. "Soy un ciudadano común", dijo y pidió no ser filmado. Solicitó a los funcionarios policiales ingresar a la que había sido su oficina, pero no se lo permitieron. Los trabajadores del MPA fueron retenidos en la oficina y los que se retiraban eran requisados.

 

El brazo ejecutor de la persecución política

Lello Sánchez asumió el cargo en el 2015, fue uno de los redactores del Código Contravencional implementado a partir del 1º de enero de 2016, código cuestionado por criminalizar la protesta social.

Designado fiscal General del MPA por el entonces gobernador Gerardo Morales, Lello Sánchez fue denunciado en reiteradas oportunidades por violencia de género, moobing laboral, persecución a dirigentes sociales y políticos. Distintas fuentes señalaron ayer que el poder que ostentaba el ahora ex procurador había escalado y que se comentaba que entre sus papeles tenía una denuncia contra el exgobernador.

El bloque de diputados del PTS-FITU, que integran Gastón Remy y Natalia Morales reclamó la continuidad de la investigación que envuelve a Lello Sánchez y a otros funcionarios de Jujuy.

"Consideramos que la renuncia del funcionario no puede ser motivo, como ha sucedido con otros casos, de que no continúe la investigación", afirmaron en una declaración en la que también solicitaron tener acceso al pedido de juicio político, "conocer sus fundamentos y las pruebas presentadas" en la Legislatura.

"Desde su creación el MPA, bajo la tutela del ex gobernador Gerardo Morales, ha sido objeto de todo tipo de internas en el poder, sin dejar de lado lo esencial, que constituyó una herramienta de disciplinamiento social ejecutando el código contravencional contra opositores políticos, sindicales y sociales como se vio durante la detención de luchadores contra la reforma o el caso de los dos detenidos por tuitear algo que no le gustó al ex gobernador", recordaron Remy y Morales.

En la misma línea señalaron que en los últimos meses hubo "denuncias cruzadas de fiscales respecto a corrupción en el Juzgado Contravencional N°1 responsabilizando a su titular, Matías Ustárez, quien luego renunció o en el caso de este pedido de juicio político que lleva la firma de ex fiscales que fueron removidos, algunos de ellos, vinculados al caso de trata de mujeres en el residencial Ranys ubicado en la vieja terminal". Mencionaron el caso de los chats de la jueza y los religiosos.

"Consideramos que se debe investigar todo y esto requiere de la conformación de una comisión investigadora independiente de la propia Legislatura”, una comisión que esté conformada por integrantes de organizaciones de derechos humanos, organizaciones feministas, profesionales, trabajadores y estudiantes que garanticen que "se sepa la verdad y que no haya impunidad", afirmaron.

 



Amiga y amigo lector: para seguir informando sin condicionamientos requerimos tu colaboración

Tu aporte mensual se registra con Tarjeta de Débito o Crédito por Mercado Pago con los datos protegidos.